El exhombre fuerte de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senaín), Pablo Romero, no consiguió el asilo político que solicitó en España por “no quedar establecida la existencia de una persecución” política en Ecuador, como argumentó su defensa en el juicio por el caso del secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, y en el que se encuentra también sindicado el expresidente Rafael Correa.
Pablo Romero fue secretario de Inteligencia desde el 31 de mayo de 2012 hasta el 10 de marzo del 2014.
El caso de Romero pudiera intepretarse como “un intento de evasión de justicia” ya que la solicitud fue presentada el 17 de junio del 2018, el mismo día que el exfuncionario fue detenido en España, dice la resolución.
El pasado 14 de marzo, dos exagentes de la Senaín, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, fueron condenados por este caso y cumplen una pena de reclusión de un año, nueve meses y veintidós días.
Paralelamente la Corte Nacional de Justicia fijó la fecha para realizar la audiencia de vinculación de los 22 nuevos procesados por la trama de sobornos montada entre 2012 y 2016 con contratistas del Estado para financiar campañas del movimiento del expresidente Correa.
En la lista están el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y la asambleísta Viviana Bonilla. La fecha se fijó luego de que el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que devuelve a la Corte los pedidos enviados por la jueza Daniella Camacho al Parlamento para autorizar el enjuiciamiento penal de Correa, Glas y Bonilla.