“¿Por qué el “cambio de nombre”? Sobornos” en lugar de contribuciones: así es infracción penal y no electoral. 2012-2016 en lugar de 2013: para que no prescriba la asociación ilícita (5 años). Obviamente, objetivo final de estas contorsiones jurídicas soy yo. ¿Quieren apostar?” (SIC, sin comillas).
Es una de las últimas reacciones del expresidente Rafael Correa, como usuario de una multinacional del imperio conocida como Twitter, a la decisión de la Fiscalía de investigar los sobornos presuntamente pagados por contratistas del Estado, entre ellas Odebrecht, a exfuncionarios de su gobierno a cambio de millonarios contratos de obra pública.
Al parecer el expresidente Correa se sentía cómodo con el término arroz verde para identificar una trama de sobornos que poco o nada tendría que envidiarle a Odebrechet, porque arropaba a todos y nadie. Sobornos, porque las palabras significan mucho. Sin eufemismos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha dicho que existen más de 200 evidencias en la investigación sobre esos sobornos que habrían recibido funcionarios del expresidente Correa para la financiación de sus campañas electorales.
La Fiscal entregó a la Asamblea los documentos que incluyen 48 versiones, 17 autorizaciones judiciales, 5 audiencias y 22 pericias y diligencias, además de 168 requerimientos de información a instituciones con el fin de cerrar todo el círculo de la corrupción investigado durante la época del correísmo.
Sobornos y no contribuciones, porque ese es el delito que se configura al hecho de que funcionarios públicos hayan pedido contribuciones a contratistas del Estado… No hay contorsiones jurídicas cuando se llaman a las cosas por su nombre, sin eufemismos. No es una infracción electoral lo que se investiga, no es un acuerdo entre privados, es un delito.