La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, y los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio tras las denuncias presentadas por los asambleístas Raúl Tello y Jeannine Cruz; el director del movimiento Unidad Popular, Geovanni Atarihuana; y el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Ramiro García.
Por separado, los denunciantes acusaron a Tuárez, Chalá, Gómez y Desintonio de cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente al resolver, el miércoles 10 de julio, formar una comisión para revisar el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional.
Antes, la jueza Irene Pérez había ordenado la suspensión de las funciones de esa Comisión que supuestamente debía revisar el proceso para el nombramiento de la actual Corte Constitucional tras aceptar la petición de medidas cautelares solicitadas por el asambleísta Fabricio Villamar.
La Corte Constitucional, mediante un dictamen interpretativo del 7 de mayo de 2019, resolvió que los nuevos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no podrán “revisar” las decisiones tomadas por los vocales del Consejo transitorio.