La excanciller María Fernanda Espinosa defendió el asilo, la posterior nacionalización y el intento de darle estatus diplomático a Julian Assange en el juicio político instaurado en su contra desde la mañana de este 5 de junio en el pleno de la Asamblea Nacional. Los interpelantes son asambleístas del PSC y Creo.
La sala se instaló a las 11:00 con 122 asambleístas presentes y María Fernanda Espinosa conectada desde Nueva York, mediante videoconferencia. Primero se procedió con la lectura del informe presentado por la Comisión de Fiscalización.
La naturalización de Assange, la crisis en la frontera norte con el secuestro y ejecución del un equipo periodístico de diario El Comercio fueron las causales para interpelar a Espinosa.
“Nunca he incumplido las funciones que como Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana me asignaban la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, de las relaciones diplomáticas y las leyes de la República”, dijo.
También defendió el asilo a Assange y aseguró que la única afinidad ideológica con él era el respeto a los Derechos Humanos. Y que el asilo, en el que ella nada tuvo que ver, fue una decisión política y soberana de Ecuador tomada en 2012. Sobre su nacionalización, dijo que fue un intento por intentar resolver un tema heredado, porque nadie puede estar asilado eternamente.
María Fernanda Espinosa aseguró que la nacionalización de Julian #Assange fue discutida con el Presidente Lenín Moreno en septiembre, octubre y noviembre de 2017 y que no fue una decisión arbitraria… EN VIVOhttps://t.co/LAztylxafM pic.twitter.com/deUJObXuzz
— Dialoguemos (@DialoguemosINFO) 5 de junio de 2019
Espinosa aseguró que la nacionalización de Assange fue discutida con el Presidente Lenín Moreno durante septiembre, octubre y noviembre de 2019 y que fue firmada por el viceministro de Movilidad Humana porque así lo establecen los reglamentos.
El intento de darle estatus diplomático a Assange también se habría hecho con pleno conocimiento del presidente de la República y que fue frenado ante la negativa de Reino Unido.
La exfuncionaria solicitó el archivo del enjuiciamiento al que calificó como el punto culminante de una campaña de ataque político, persecución ideológica y odio, que se inició en enero de 2018, con el objetivo de conseguir su destitución como Canciller.