Europa Press
Un tribunal de Caracas ha ordenado este martes que Roberto Marrero, el jefe de despacho del autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, sea enjuiciado por los presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
El Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ha admitido la acusación fiscal por todos estos delitos y ha ordenado mantener en prisión preventiva y abrir juicio oral contra Marrero y el también opositor Juan Antonio Planchart.
“También ha admitido la acusación presentada por el Ministerio Público en el caso de Marrero por ocultamiento de arma de guerra y explosivo y para Planchart, el delito de financiamiento al terrorismo”, ha informado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un comunicado.
Marrero permanecerá así en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a donde fue trasladado nada más ser detenido el pasado mes de marzo acusado de “liderar una célula terrorista que planeaba atentados en el país”.
El dirigente opositor ha pasado la mayor parte de su reclusión incomunicado, según han denunciado sus abogados. El 27 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado venezolano que adoptara las medidas necesarias para garantizar su integridad física y su vida.
Planchart, por su parte, fue detenido tres días después por el SEBIN, “tras denuncias de haber formado parte como financista de un plan para importar sicarios al país con el fin de generar desestabilización”, ha apuntado el alto tribunal.
Guaidó ha interpretado la detención de Marrero, a quien considera un “amigo personal” además de un estrecho colaborador, como un ataque directo a su círculo cercano. La Justicia venezolana también ha actuado contra varios diputados, incluido el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
El mandatario interino es objeto de dos investigaciones por parte de la Fiscalía General: una por autoproclamarse “presidente encargado” y otra por supuestas irregularidades financieras. Por ahora, se han dictado medidas cautelares en su contra pero no hay orden de detención.
La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron un fraude.
En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la “usurpación”, crear un gobierno de transición y celebrar “elecciones libres”. Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos y numerosos europeos, entre ellos España, le han reconocido.