La construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, las Escuelas del Milenio, la construcción de Hospitales Públicos y el proyecto Toachi-Pilatón son obras en los que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio halló irregularidades. Los cuatro fueron proyectos emblemáticos del expresidente Rafael Correa.
Los informes de investigación serán llevados a la Fiscalía General del Estado.
Sobre la construcción de los Hospitales Públicos, el Consejo de Participación aseguró haber detectado que el expresidente Rafael Correa estaría presuntamente incurso en el delito de delincuencia organizada por la firma del Decreto Ejecutivo que permitió contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta el 30% de su valor con la misma empresa.
El informe detalle que en este caso estarían implicadas, por el presunto delito de peculado, la exministras Carolina Chang Campos, Carolina Vance, Doris Solís Carrión; el exsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Fander Falconí Benítez; los exdirectores del IESS, Richard Espinosa, Geovanna León Hinojosa y Camilo Torres Rites.
En cuanto a las Escuelas del Milenio, el Consejo aseguró que hubo Decretos de Emergencia para el sector no justificados, firmados por el expresidente Correa, para construir las Unidades Educativas del Milenio con la desviación de fondos a través de contrataciones directas millonarias, con un incremento de costos en las construcciones que fluctuaron entre el 7,82% y el 102,53%.
La ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón, según el Consejo, dejó lucro cesante (dinero que el Estado ecuatoriano pierde) de aproximadamente $3,6 millones mensuales, sin cuantificarse todavía los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los contratos, como la finalización del proceso de construcción y el inicio de operaciones, producción y comercialización de la energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado.
Una de las fuentes de financiamiento de este proyecto, según el Consejo, fueron los fondos previsionales (dinero de los afiliados) del IESS, pese a que la Constitución señala que “los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones”.
“Se presume que el economista Rafael Correa Delgado, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, cometió el delito de tráfico de influencias; y como Presidente de la República, permitió la terminación irregular de contratos ocasionando el menoscabo de fondos públicos. (…) Asimismo, existe la presunción del delito de cómplice de peculado del Ing. Jorge Glas Espinel, en su calidad de Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos”, dice un comunicado del Consejo.
En el caso del poliducto Pascuales-Cuenca, según el informe que será remitido a la Fiscalía, los procesos administrativos contables, ejecutados por la empresa pública Petroecuador, fueron mal ejecutados y administrados, lo cual vulneró el sistema económico, financiero y legal, causando graves perjuicios a la empresa y al Estado ecuatoriano.
“Este proyecto, que hasta la presente fecha no se entrega formalmente, se presume que ha superado en más del 100% el valor presupuestado y adolece de graves fallas técnicas, geológicas y de operación del ducto”, dice el comunicado del Consejo de Participación.
El Consejo recomendó a la Fiscalía General del Estado acusar a los presuntos responsables con los delitos más graves, para que los administradores de justicia apliquen el máximo de las penas