El secretario Anticorrupción de la Presidencia, Ivan Granda, entregó en la Fiscalía y en la Cancillería información que probaría el financiamiento de Nicolás Maduro al expresidente Rafael Correa, a través de un Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, presuntamente para la desestabilización del actual Gobierno ecuatoriano.
“Ante el anuncio de la Fiscal General de abrir de oficio una indagación previa sobre la denuncia del Presidente en Chile, hoy venimos a cooperar con la justicia y hemos entregado importante información”, dijo Granda.
Granda también entregó documentación relacionada a las acciones que ha establecido y debe establecer la Fiscalía frente al pedido de información al Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Lavado de Activos y distintas instituciones públicas
“Se entrega documentos que vinculan el estatuto de creación de Fundación Eloy Alfaro, quiénes son sus socios, qué actividades realizaron, cómo actuaron con la página web, cómo el señor Antonio Ingroia estuvo en Ecuador”, dijo.
Según la información recababa, Bandes de Venezuela habría entregado $281 mil a la Fundación Eloy Alfaro, dinero que fue repartido entre los socios. “Evidentemente hay un conflicto ético y el gobierno de Maduro financió actividades políticas de sus coidearios en Ecuador”, dijo Granda.
“Creemos que la Cancilleriatendrá que investigar cómo esta fundación ha generado actividad política a través de su web, lo cual está prohibido en los reglamentos de las fundaciones que tienen domicilio en Ecuador”, dijo Granda al entregar la documentación al canciller José Valencia.
La Fundación, según Granda, tenía como único fin el establecer acciones de pensamiento político. ¿Cómo pudo financiar actividades de defensa personal de un juicio penal que tenía el expresidente Correa” en el caso del secuestro de Fernando Balda?, se preguntó.
Antonio Ingroia habría reconocido que la Fundación de Pensamiento Político canceló sus honorarios para asumir la defensa de Correa y hacer una veeduría del caso Balda. “La Ley que regula las fundaciones establece claramente que tienen fines y el fin era pensamiento político. No sabemos como financiaron abogados”, dijo.
“Nosotros cooperamos y entregamos información pertinente, la Fiscalía tendrá que ver si el dinero es lícito, de dónde proviene, para qué fue utilizado y ahí determinar qué tipo penal tiene que establecer”, dijo.