La defensora del Pueblo, Gina Benavides, pidió a las entidades gubernamentales competentes devolver la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores, retirada en el gobierno del expresidente Rafael Correa, para que se restituyan sus derechos.
Benvides pidió al Ministerio de Educación anular la resolución de agosto de 2016 y proceder a restituir por acto administrativo la personería jurídica a la UNE y sus bienes. También, solicitó a la Asamblea Nacional para que actúe en favor de las leyes que permitan el real y efectivo derecho a la libertad de asociación.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, había asegurado que existiría la intención de la Comisión Liquidadora de esa organización de vender sus bienes valorados en $15 millones.
La UNE fue formada en 1944 y aprobada jurídicamente en 1950. Según la Ley de la Defensoría, las instituciones tienen ocho días para responder al exhorto.