El contralor del Estado, Pablo Celi, presentó este 14 de febrero los resultados del Plan emergente de control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Fueron 19 auditorías donde se predeterminaron responsabilidades administrativas por más de $1 millón, se establecieron posibles glosas por $88 millones y se recomendó la destitución de 60 funcionarios.
La Contraloría además remitió a la Fiscalía nueve informes con indicios de responsabilidad penal. El plan emergente contempla 44 auditorías, de las cuales 19 ya fueron aprobadas y 25 se encuentran en ejecución, aseguró Celi que compareció ante la prensa con un grupo de veedores.
Las auditorías hallaron sobreprecios, contratos sin sustentos técnicos ni legales o inexistencia de estudios en la construcción, fiscalización y equipamiento de los hospitales de Los Ceibos, Machala, San Francisco Sur y La Mariscal, así como los procesos que se registraron en la Secretaría Técnica de Contratación y la Subdirección de Compras Públicas del Banco del IESS.
La Contraloría determinó que “a pesar de la recomendación emitida… para que se establezca el monto de la deuda que mantiene el Estado…, esto aún no se ha cumplido” en el caso de los fondos de Riesgos del Trabajo, de Salud Individual, Pensiones y Seguro Social Campesino.
Los informes determinaron que “no se aplicaron metodologías… adecuadas (en los estudios actuariales), ocasionando la subestimación del déficit actuarial en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 20153 en al menos $124 mil millones. Una situación similar se evidenció en el déficit actuarial del Fondo de Salud, estimado en $14 mil millones”.