La Cancillería peruana informó a través de un comunicado el impedimento de entrada a su territorio a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a este. El comunicado fue emitido ante la posesión de Maduro para un segundo mandato de seis años, al cual Lima considera ilegítimo.
“Al iniciarse en Venezuela el ilegítimo período presidencial de Nicolás Maduro y en concordancia con la Declaración del Grupo de Lima del 4 de enero pasado, se ha dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a éste”, dice el comunicado.
La Cancillería confirmó que se ha realizado coordinaciones con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para dar cumplimiento a las medidas económico-financieras establecidas en la citada Declaración.
“Entre ellas, para reforzar la debida diligencia, compartir la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro y personas naturales y jurídicas relacionadas a éste, y sus futuras actualizaciones, con todos los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera”, precisa el comunicado citado por El Comercio de Lima.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también aseguró que las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas.
“El Gobierno del Perú ratifica su pleno respaldo a la Asamblea Nacional elegida libre y democráticamente en diciembre de 2015. Reitera que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro y reafirma su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrá resolver la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”.
Nicolás Maduro juramentó este jueves como presidente de Venezuela para un segundo periodo de seis años (2019-2029). Su reelección fue cuestionada y calificada como ilegítima por Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea.