Erase una vez que era un 13 de agosto de 2013. Un sábado. El ahora expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica por un delito común (el intento de secuestro de un político opositor), llegaba a su sabatina, un enlace al que tácitamente la Secretaría de Comunicación, dirigida por el jardinero Fernando Alvarado, obligaba a las radios y canales incautados a enlazarse.
El tema central del guión de ese sábado eran los subsidios. Palabras más, palabras menos, según el resumen hecho por el diario El Telégrafo, también dirigido a control remoto por el mismo Alvarado, el expresidente decía que Ecuador invertía $3.827 millones en subsidios a los combustibles (diésel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo -GLP-), algo que necesitaba una corrección paulatina para atender con esos recursos a los sectores más necesitados.
El gobierno, decía el señor Correa, analizaba la posibilidad de implementar hasta el 2015 una tarjeta magnética con un cupo asignado de combustible para cada dueño de vehículo. Una copia de lo que ya pasaba en la Venezuela del chavismo agonizante. Y no solo eran las gasolinas, también anunció un programa de reemplazo de cocinas de gas por eléctricas de inducción para que el consumo de GLP disminuyera.
¿Por qué razones argumentaba esto el señor Correa? Según el resumen hecho por El Telégrafo, dirigido a control remoto por el señor Alvarado, porque el sector privado era el que más se beneficiaba con el sistema de subsidios, en especial el rico que tenía un vehículo todo terreno de ocho cilindros. En esas palabras.
“Hay cálculos que para el que tiene un vehículo de este tipo el subsidio de la gasolina es de $1.000 por año y para el ciudadano pobre que no tiene carro el beneficio indirecto es de $60 por año”, dijo el señor Correa ese sábado 3 de agosto de 2013. En esas palabras.
¿Cuál fue su propuesta? Que los dueños de los vehículos carguen una tarjeta con la cual podrán recibir un determinado cupo de combustible durante todo el año y si superaban el consumo establecido tendrían que comprar al precio del mercado internacional. El carnet de la Patria, en Venezuela.
Sobre el precio del gas dijo, ese mismo sábado 3 de agosto de 2013, que estaba subsidiado en un 89% y que el país importaba el 88% de su demanda, por lo cual el gobierno insistiría en que ese beneficio sea para el uso doméstico y no para industrias o calentar piscinas. En esas palabras.
El señor Correa argumentaba que el subsidio al gas de uso doméstico le costaba anualmente al Estado $700 millones y que como en 2016 iban a entrar a operar ocho centrales hidroeléctricas, desde ese año los ecuatorianos deberían pagar el precio internacional del gas doméstico.
Con cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, el señor Correa dijo que el precio del tanque de 15 kilogramos de gas doméstico costaba oficialmente en Ecuador $1,60, mientras que en Colombia por el mismo tanque pagaban $25,87; en Perú, $ 19,68, y así. En esas palabras.
“Sí -dijo el señor Correa-, vamos a eliminar los subsidios de manera inteligente, por ejemplo el del gas, reemplazando el uso del gas doméstico por el de electricidad, cocinas eléctricas, cuando ya estén las ocho nuevas hidroeléctricas y se garantice un suministro eléctrico estable. Siempre se necesitará de reserva un cilindro de gas, de hecho las cocinas pueden ser mixtas: eléctricas y a gas”.
Ese año, el 2013, el déficit fiscal fue del 4,7%, el más alto de los diez años anteriores, gracias al corte del flujo de los fondos chinos que llegaron a representar el 11,7% del Producto Interno Bruto en 2011, $7.200 millones.
Un año después, el adalid de la izquierda trasnochada de América Latina, el feroz crítico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el señor Correa emitía bonos en los mercados internacionales por $2.000 millones, con una tasa de interés del 7,95%, y cerraba un trato con el arquetipo del capitalismo financiero, Goldman Sachs, que le prestó $400 millones tras aceptar las reservas de oro de Ecuador como colateral.
Al siguiente año, el señor Correa firmaba un Decreto Ejecutivo para cambiar las reglas de juego en la fijación de precios a los combustibles, dirigidos para varios sectores productivos como navieras, industrias, aerolíneas y transporte de carga pesada internacional. En otras palabras, retiro de subsidios a los combustibles, aparte de los impuestos tras impuestos que ponía a los ecuatorianos.
El Decreto fue firmado el 15 de octubre de 2015 y eliminaba, de forma parcial, el 40% de subsidio en el Jet Fuel (gasolina para aviones). Además, establecía que EP Petroecuador fijé mensualmente los precios de GLP (gas licuado) para uso comercial e industrial, al igual que el Diésel 2, Diesel Premium, gasolinas y Fuel Oil N6 para el sector industrial.
Ese siempre fue el discurso del ahora defensor a muerte de los subsidios, el discurso de eliminar los subsidios porque solo beneficiaban a los que tienen carros ocho cilindros. ¿Qué dijeron entonces sus corifeos?, ¿salieron a las calles?, ¿llamaron a derrocar al gobierno con sus trasnochados clichés revolucionarios? No. Necesitaban el visto bueno del Fondo Monetario Internacional para seguir endeudando al país.
Y si el ahora defensor a muerte de todo tipo de subsidios no se hubiera visto perdido en las últimas elecciones, porque su intención de largo era perpetuarse en el poder hasta acabar como Chávez o Castro, seguramente ya estaríamos sin el subsidio al gas con cientos de personas llevadas a los tribunales (acusadas de terrorismo), pese a no tener las ocho hidroeléctricas funcionando. Y hasta tendríamos algún monumento a Jorge Glas, el sobrino del tío que recogía fajos y fajos de dólares de Odebrecht en una lujosa suite en Quito.