Los taxistas legalizados de Guayaquil se movilizan la mañana de este martes 6 de noviembre hacia la Gobernación del Guayas para protestar contra las reformas a la Ley de Tránsito que se tramita en la Asamblea Nacional.
En la vía a la Costa, en los alrededores de la urbanización Puerto Azul se ubicaron unos 70 taxis convencionales alrededor de las 08:00, para dirigirse a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y a la Gobernación, según reseña el portal web de diario El Universo.
Desde las 06:00 de esta mañana, los taxistas se empezaron a reunir a un costado de las vías como la av. Barcelona, vía a la Costa, Del Bombero, calles José Mascote, Sucre, Portete, entre otras. A las 09:00, salieron unos rumbo a las dependencias de la Gobernación, ubicadas en Malecón y Aguirre, y otros a la ATM, para pedir que no se creen nuevas modalidades de transporte, lo que afectaría su trabajo.
Según estas reformas, la Policía Nacional recuperaría el control del tránsito en las troncales del país, incluidas las vías de las siete provincias donde la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) opera.
Este paquete de reformas fue elaborado por la Comisión Ocasional que se conformó para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo de transporte terrestre. Por seis meses procesó 21 proyectos que cambian el 60% de la actual norma.
Según Luis Pachala (CREO), el texto plantea que la Policía obtenga el control integral de las vías troncales y ejes viales en coordinación con la CTE y las agencias de tránsito municipales o distritales.
A la CTE se le encargará el control del tránsito a nivel de las vías que les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados municipales que no hayan asumido esa competencia.
En el artículo 13 del proyecto se incorpora a la Policía a través del Ministerio del Interior como parte de los órganos de transporte terrestre y tendrá su delegado ante el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT); mientras que la CTE será parte de ese directorio pero solo con voz y sin voto.
El proyecto plantea que las unidades de transporte público tengan una especie de caja negra para medir la velocidad, identificar al conductor y monitorear a las unidades cuando los pasajeros enciendan los botones de pánico que deberán colocarse. Se exigirá más capacitación en las escuelas de conducción que den licencias.