En lo que va de 2018, el financiamiento del país suma $8.460 millones, pero para 2019 se necesitarán $8.160 millones; es decir, $300 millones menos que en 2018, según a pro forma presupuestaria enviada por el Ejecutivo a la Asamblea.
Para 2019, el Estado deberá continuar con los desembolsos por pago de intereses de la deuda pública. En lo que va de 2018, el Estado ha pagado por este rubro $2.290 millones, mientras que el próximo se prevé pagos por $3.360 millones. Lo que significa un aumento de $1.070 millones para la caja fiscal.
Esta semana, una de las comisiones legislativas comenzará con el análisis de la pro forma presupuestaria para 2019 que deberá ser aprobada hasta finales de noviembre.
La pro forma, calculada en $31.318 millones, contempla ingresos totales (permanentes y no permanentes) por $22.361 millones, es decir, $1.492,47 millones más que para este año.
La recuperación del precio del petróleo es favorable para el país ya que para 2019 se calculó en $58,29, frente a los $41,92 contemplados para 2018. La producción petrolera del país crecerá un 9% que equivale a 206,21 millones de barriles, así como el volumen de exportación que ascenderá a 151,22 millones de barriles, informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez.
Según el reporte del sector petrolero del Banco Central del Ecuador la producción nacional en 2017 fue de 193,9 millones de barriles y a junio de 2018, se han producido 93,1 millones de barriles.
En cuanto a las exportaciones, en 2017 se comercializaron 135,49 millones de barriles y al segundo trimestre de este año, el volumen exportado se ubica en 63,19 millones de barriles.
El ministro dijo que la estimación del valor de barril del crudo “es conservadora” frente a las proyecciones especializadas a nivel internacional para el siguiente año. Los ingresos tributarios también aumentarán en 2019 de $15.063,79 millones en 2018 a $15.223,87 millones en 2019.
Otro ingreso importante por $1.000 millones corresponde a otras concesiones, aunque Martínez no precisó cuáles. También se esperan ingresos por la Ley de Fomento Productivo y otras alianzas público privadas. Por el lado de los gastos totales (permanentes y no permanentes), suman US$26.016,68 millones, es decir el incremento de 4%.
El panorama es complejo, dijo Martínez, sobre todo por nuevas presiones fiscales que regirán desde 2019 como el 40% de pensiones jubilares a la seguridad social ($1.240 millones) y las asignaciones por la Ley Amazónica aprobada el último mayo ($278 millones).