El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a las autoridades nicaragüenses por participar en abusos a los derechos humanos, en el retroceso democrático en el país centroamericano y suponer una “amenaza contra la seguridad nacional”.
Esta vez, los sancionados son Rosario Murillo, la vicepresidenta designada y esposa del mandatario Daniel Ortega, y Néstor Moncada Lau, consejero nacional de seguridad.
Las sanciones en contra de Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de EE UU, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.
Washington adoptó la misma calificación de “amenaza para la seguridad nacional” respecto a Venezuela en la etapa final del gobierno de Barack Obama y la administración de Trump la ha mantenido.
La orden también enumera como causas del castigo “el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho por parte del régimen de Ortega, su uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra civiles y la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía nicaragüense”.
El Departamento del Tesoro justificó la elección de Murillo y Moncada por ser personas que “están involucradas en abusos a los derechos humanos o actos de corrupción en Nicaragua”.
EE UU está decidido a impedir que los funcionarios de Ortega accedan al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias “a costa del pueblo nicaragüense”, avisó el Tesoro en un comunicado.