Los sobornos masivos a políticos corruptos y funcionarios de seguridad fueron en gran parte la razón del éxito de su modelo de negocios, incluido un pago de un millón de dólares en efectivo por solo una operación de drogas. Los sobornos a menudo aseguraban escoltas policiales armadas para los envíos que se dirigían a Estados Unidos.
Ese es uno de los reclamos del Departamento de Justicia de Estados Unidos hechos en los documentos previos al juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en el tribunal federal en Brooklyn, en Nueva York, alguien que amasó una fortuna de $14.000 millones a través de sobornos, asesinatos de rivales y contrabando de grandes cantidades de drogas.
La corrupción se mueve en todas las direcciones gracias al deseo de las personas de hacer dinero rápido y fácil y que mejor si está en un alto cargo público. Sirve para el negocio de las drogas o para la simple corrupción. Ahí fue donde encontró su mina de oro la constructora brasileña Odebrecht, que entregaba dinero en maletas a un tío del ahora exvicepresidente de Ecuador que intenta convertirse en víctima habiendo sido victimario. Maletas y maletas de dinero para hacerse con contratos de obra pública. Por supuesto que Odebrecht orquestó la corrupción, pero fueron los funcionarios públicos que les entregaron los jugosos contratos los que configuraron el delito, porque ellos eran los administradores de los dineros públicos que luego eran transferidos a Odebrecht.
Mientras en Estados Unidos se desarrollaba el juicio contra El Chapo, en Quito la Asamblea decidió sobre dos casos que lograron poner en evidencia la todavía débil institucionalidad del Estado después de 10 años de un manejo tiránico del poder desde el Ejecutivo, con una persona que decidía sobre el bien y el mal.
Son dos casos de dos asambleístas destituidas por hacer lo que se suponía normal en década pasada, intentar interferir en un proceso judicial y tramitar cargos públicos, según la investigación de la Comisión Multipartidista. Las dos alegaron falta del debido proceso, al igual que sus corifeos, esos que se burlaron de los 57 legisladores sacados a la fuerza del Palacio Legislativo al igual que de los entonces vocales del Tribunal Constitucional también golpeados y maltratados, hechos aupados por risas cínicas.
Ninguna de las dos asambleístas podrá negar que tuvieron su derecho a la defensa. Lo que ya no hay es la persona que creía dirigir el país como un capataz de hacienda y decidía qué era bueno o malo, según sus intereses. Lo ocurrido en la Asamblea envía un claro mensaje a quienes todavía creen vivir en la década pasada. El poder no es eterno, es pasajero, y no vuelve a las mismas manos porque los países tienen memoria.
La historia no se repite. Cambia, se altera. Un dictador nunca va a ser elegido nuevamente de forma democrática en las urnas, peor si no controla las instituciones del Estado. Por eso los dictadores se aferran al poder, porque conocen todo el odio sembrado al igual que la corrupción. Los mártires no existen. Solo los tontos útiles.