Todas las formas de corrupción se ahondaron en el Ecuador a partir de 2007

El actual marco constitucional y legal no permite rastrear e incautar los dineros mal habidos de la corrupción. Si bien es cierto, en la Carta Magna existen ciertos artículos que menciona un marco de acción contra la corrupción en los artículos 3, 83, 204 y 208 de la Constitución, no se precisa temas de recuperación de los dineros de la corrupción. Según la Comisión Anticorrupción el monto de la corrupción en el país llegaría a unos $36.000 millones, un 35% del PIB.

El actual gobierno lleva año y medio tratando de desmontar el nocivo aparataje de la década pasada de la llamada revolución ciudadana y todo indica que lo máximo que podrá hacer el régimen es evidenciar algunas falacias y desnudar alguna que otra corruptela más. La corrupción corroe todos los estamentos del Estado, la sociedad observa con asombro como la clase política y toda la administración pública, ha olvidado la decencia y la conducta digna ante la nación, cada semana la sociedad se entera de un nuevo hecho delictuoso, contraviniendo los valores éticos que deben perdurar en el accionar estatal.

La corrupción es una lacra social, que se burla de la moral, manosea la ley y la legitimidad de las instituciones, amenaza de muerte la democracia y afecta a la sociedad en su conjunto. Pero mucho más grave, es que a pesar de las evidencias, no haya sanciones, de darse esa práctica, la impunidad agrava la situación, pues esta, puede considerarse aún mucho peor que la misma corrupción, el acto punible deja de ser castigado y con ello se engendra algo más peligroso, la cultura del soborno, la coima y del dinero fácil en la sociedad.

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En este marco, el gobierno ha enviado a la Asamblea una nueva propuesta para combatir la corrupción, se ofrecen incentivos y protección a informantes, cuyos ejes son:

1. Incautar bienes a los corruptos

2. Facilitar la recuperación del dinero mal habido

3. Agilitar los procesos de repetición: cobrar a los funcionarios que manejaron mal los fondos públicos.

4. Recompensa a quienes brinden información, cierta y comprobable, sobre donde está el dinero y los bienes robados.

5. Quienes hayan sobornado, podrán denunciar, por una sola vez al funcionario coimado.

6. Proteger a los denunciantes de cualquier tipo de retaliación o acoso. No podrán ser castigados por enriquecimiento injustificado.

7. Si tiene un bien a tu nombre que no es tuyo tendrás 90 días –una vez aprobada la ley- para revelar al dueño sin ser castigado penalmente.

· Paraísos fiscales o guarida fiscal (en inglés tax haven “refugio fiscal”).- Instrumento que utilizan las personas o empresas que practican la alusión y evasión fiscal. Además el banco receptor no le interesa el origen de los fondos depositados. Por lo general es la ruta del dinero obtenido por la corrupción.

· Lavado de activos.- Delito que consiste en dar una apariencia lícita o legitima a los bienes adquiridos por personas o empresas, producto de delitos graves como: drogas, corrupción, secuestro, trata de personas, entre otros.

· Testaferrismo.- Personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos. El artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano lo define como: “aquel que se comete por quien consienta en aparentar como suyo bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito del servidor o ex servidor público o producto del enriquecimiento privado no justificado.

Esto va a depender del gobierno, la ciudadanía y por sobre todo de fiscales y jueces. El gobierno presentando leyes eficaces y solicitando ayuda internacional por medio de cancillería, la ciudadanía participando en la toma de decisiones para encontrar la ruta del dinero y los fiscales y jueces, investigando prolijamente los casos de corrupción, celeridad en los procesos y solicitando ayuda internacional.

Pero es complicado recuperar esos dineros porque se encuentran en “Off shore” y en fideicomisos. En Brasil en la operación “Lava Jato” según informaciones de prensa, en unos se habla de una recuperación de apenas $1.000 millones y en otros de $ 4.000 millones, de un aproximado de decenas de miles de millones.

Todas las formas de corrupción se ahondaron en el Ecuador a partir de 2007. En primer lugar cuando el gobierno decidió implementar un modelo de desarrollo en que el Estado tenía que ser el eje de la economía, en la que confluyó una administración pública altamente discrecional, terreno fértil de la corrupción. Posteriormente en 2008, se elaboró una nueva Constitución en la que se perdieron los debidos contrapesos políticos, la Función de Transparencia formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad llamada a ejercer el control de las entidades estatales, se convirtió después en una sucursal del gobierno. En La misma Constitución, además se aprobó la eliminación de que a la contratación pública debía precederle el pronunciamiento previo de la Contraloría y la Procuraduría para la legalidad contractual.

Por lo descrito, se armó una verdadera estructura jurídica con el único afán de delinquir, tal como se ve reflejado actualmente. A esto, habría que agregarle la persecución a las organizaciones de la sociedad civil y la carencia de valores democráticos, como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía como principios básicos de una buena gobernanza. En resumen, la década 2007-2017, quedó marcada por el autoritarismo y la formación de una estructura legal y judicial muy difícil de desmontar.

Los esfuerzos del actual gobierno presidido por el Presidente Lenín Moreno, no han sido suficientes. La consulta popular, y la designación de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, camina de a poco, no con la celeridad del caso. El principal esquema montado y que ha permitido la impunidad, han sido los operadores de justicia y la burocracia correísta enquistada en los diferentes niveles de la administración pública, lo cual no ha permitido mayores resultados.

Por lo tanto es importante, caminar hacia un cambio de los operadores de justicia –solo con el caso 30-S existen decenas de denuncias que dejan ver la manipulación de la justicia- y un desmonte del aparataje correísta enquistado en las instituciones públicas para allanar el camino a que la justicia se imponga. Además, se debe exigir del gobierno mayor transparencia y la ciudadanía debe tener una mayor participación, para que nunca más se vuelva a repetir un escenario como el actual.