La jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, rechazó este 29 de octubre la acción de protección solicitada por Julian Assange para dejar sin efecto el protocolo de convivencia en la Embajada de Ecuador en Londres, por considerarla “improcedente”.
El fundador de WikiLeaks, a través de una videoconfefencia con traducción simultánea se refirió a la cercanía del gobierno ecuatoriano con Estados Unidos y de un presunto diálogo entre el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, y el presidente Lenín Moreno, en el que habrían solicitado su entrega.
“No quiero meterme en política, pero vemos que el Gobierno ecuatoriano está apoyándose más en Estados Unidos y Reino Unido, con mayor influencia”, dijo el fundador de WikiLeaks e insistió en que Estados Unidos y Gran Bretaña presionan presuntamente a Ecuador para que finalice su asilo en la Embajada en Londres.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador,dijo que el Ecuador es un país soberano y no se deja influir por injerencias externas. “Rechazamos esas maliciosas y perversas declaraciones, el Ecuador no actúa por presiones de otras naciones”, dijo.
El protocolo especial de visitas, comunicaciones y salud, según el procurador, busca alcanzar una convivencia armónica de Assange en la embajada. “Se trata de un edificio público que no fue concebido para vivienda, por lo que debe existir una regulación”.
Pero Assange insistió en que desde marzo del 2018 su situación se tornó más sería, tras una restricción a sus comunicaciones, decisión que Quito adoptó por una serie de pronunciamientos políticos.
En su testimonio, que duró unos veinte minutos y se hizo mediante videoconferencia, el australiano consideró que su vida corre riesgo y aseguró que su grupo de trabajo ha recibido amenazas de muerte, tras la filtración de cables de la CIA y del Gobierno de Estados Unidos.