Desde marzo de 2016 la FEF, junto con la Dirección Nacional de Registro Civil investigó a 2.500 jugadores por presentar documentación que generaba “algún tipo de sospecha”.
Del total de casos investigados, 750 fueron sometidos a una “investigación exhaustiva” y se detectó que, de ellos, 75 jugadores habían presentado información alterada. Estos casos se manejaron de forma responsable, pues se trata de menores de edad que tienen derechos y protecciones especiales en la Constitución de la República, precisó la FEF en un comunicado.
Según el escrito, los expedientes de los jugadores cuya documentación ha sido adulterada pasarán a la Comisión Disciplinaria de la Federación para “su juzgamiento”, acorde con lo que establecen los reglamentos del organismo rector del fútbol nacional.
“Por el momento, existen cerca de una veintena de jugadores que se encuentran inhabilitados”, pues su documentación está en “pleno proceso de investigación”, añadió la Federación.
La entidad aseguró que está empeñada en “terminar con este mal que ha afectado al fútbol ecuatoriano desde hace muchos años” y advirtió de que la documentación de todos los jugadores es sometida a una rigurosa revisión para determinar si es válida o no.
“Hay un número considerable de deportistas que, al presentar inconsistencias en sus documentos, han sido inmediatamente desafectados” o inhabilitados, afirmó la entidad en el comunicado.