Los asambleístas que cobraban los llamados diezmos a sus asesores serán investigados por cohecho y concusión, aseguró el fiscal general Paúl Pérez. Para proceder con la investigación necesitará autorización de la Asamblea.
La semana pasada, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) resolvió pedir a la Unidad de Técnica Legislativa que presente un informe sobre las denuncias referentes a los denominados diezmos, supuestos pagos que recibían algunos legisladores de sus colaboradores.
Las denuncias aseguran haber entregado pagos para contratos en publicidad en redes sociales; la compra de pasajes aéreos y para la alimentación de los legisladores. Todo por mantener sus cargos.
El CAL también resolvió demandar que toda información referente a estas denuncias esté enmarcada en las disposiciones constitucionales y legales. Además, precautelar los derechos laborales de los servidores que realicen las denuncias pertinentes, debidamente sustentadas.
Las denuncias podrían ser formuladas ante la Contraloría o la Fiscalía General. “Si nosotros hablamos que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares, mal podríamos permitir que dentro de nuestra casa se den actos como estos”, había dicho la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.