Los Gobiernos de América Latina y el Caribe despilfarran $220 mil millones de dólares, el 4,4% del PIB, según el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de más de 400 páginas. El BID hizo un análisis de los presupuestos de los países de la región para llegar a esa cruda conclusión.
La mayoría de los países objetos del estudio han pasado o están a punto de pasar a la categoría de ingresos medios que reclaman más y mejores servicios públicos, según el BID.
En el estudio, el organismo multilateral identifica tres grandes fuentes de ineficiencia como denominadores comunes en todos los países de Latinoamérica y el Caribe: compras públicas, transferencias monetarias a los ciudadanos vía subsidios y salarios públicos. En el primer caso, el despilfarro se produce por problemas en las licitaciones, bien por ineficiencias en la selección de proyectos de inversión adecuados o corrupción. Solo una mayor eficiencia en este rubro podría ahorrar el equivalente al 1,5% del PIB de la región.
En el caso de los salarios, una comparación entre el empleo público con los del privado, con el mismo nivel de capacidad, halló diferencias de hasta el 25%, gracias a que en las tres últimas décadas los gobiernos de América Latina y el Caribe han incrementado el gasto corriente, en detrimento de la inversión. La inversión pública es la principal víctima de los recortes en tiempos de vacas flacas.
El gobierno del expresidente Rafael Correa, que vivió en la sobreabundancia de los precios altos del petróleo, época bautizada como milagro ecuatoriano, es el mejor ejemplo de este caso. En sus llamadas sabatinas tenía hasta un cuadro para mostrar qué inversiones iba a parar o recortar si los precios del petróleo no subían. Era su única forma de producir riqueza, los commodities y su azar.
Ese gobierno hizo crecer tanto el gasto corriente que tras la caída de los precios del petróleo debió sobrevivir gracias a un sobreendeudamiento agresivo para mantener a flote un ministerio de la felicidad o una agencia espacial comparada con la Nasa por un aparato de propaganda que se mantenía activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Instituciones que debieron ser recortadas para intentar volver al país a la realidad.
Igual ocurrió en Brasil, en la época del reinado del Partido de los Trabajadores. Cuando arreciaban las protestas contra Dilma Rousseff y Rousseff se jacataba de haber sacado a millones de la pobreza que ya se podían comprar un auto, en las calles la gente le recordaba que un país desarrollado no es aquél donde el pobre puede comprarse un auto, sino aquel hasta donde el rico usa el transporte público.
Ya sean ineficiencias o corrupción, pese a que toda ineficiencia es también corrupción, la cuenta del despilfarro en América Latina la estamos pagando y la seguiremos pagando todos porque esas políticas de menos gasto en inversión (o pésimo gasto en inversión por la construcción aberrante de elefantes blancos) y mayor gasto corriente, contrario a lo que decía la propaganda oficial en el caso ecuatoriano, a la larga significa menor acceso a la educación, a los servicios de salud, a la seguridad y a la infraestructura.
Los 15 minutos de popularidad de un determinado político en América Latina a la larga siempre cuestan millones a las finanzas públicas. Algo que parecen no entender, porque desde su particular visión esos dineros no son públicos, sino hacen parte de su hacienda personal. Ellos son los principales responsables de la falta de inversión para construir futuro, porque solo les interesa su presente.