El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner acusada la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales, reseña Clarín, por lo que solicitó su prisión preventiva sujeta al desafuero del Congreso.
El magistrado indicó; en la resolución de 551 páginas, que para iniciar el proceso de desafuero de la senadora el juez esperará a que el procesamiento “se homologue por la Cámara federal de apelaciones”. La exmandataria fue acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos.
El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, entre otros ex funcionarios del extinto Ministerio de Planificación Federal, y una larga lista de empresarios convertidos en imputados colaboradores en el expediente.
Para Bonadio, la investigación comprobó que se montó un aparato complejo desde el Estado, “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.
El objetivo fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó el juez de la causa, según cita Clarín.
En la causa de los cuadernos de la corrupción, el magistrado determinó que “durante un lapso cercano a los ocho años, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.
El expediente que cuenta con medio centenar de imputados, inició con 15 cuerpos, se realizaron 70 allanamientos sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los exfuncionarios públicos involucrados en la investigación.