El Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya falló contra Ecuador en el laudo arbitral llevado por la petrolera a esas instancias, según el procurador del Estado, Íñigo Salvador. El monto de la indemnización deberá ser fijado en los próximos días y el gobierno ecuatoriano advierte que el monto podría ser alto.
Según el procurador, el laudo declara la responsabilidad de Ecuador hacia Chevron por haber violado el artículo 2 del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Salvador aseguró que los pobladores de la Amazonía deben iniciar nuevas acciones, porque quedaría inválida la sentencia de Lago Agrio que ordenó a Chevron pagar $9.500 millones a los pobladores afectados en el juicio que duró más de 20 años.
El secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, había advertido que el gobierno ejercerá el derecho a la repetición contra los exfuncionarios que no supieron llevar bien la defensa del Estado.
La petrolera solicitó al Tribunal de La Haya que Ecuador se haga cargo de los $9.500 millones de la sentencia a la que fue sometida la firma en el 2011, por la Corte Provincial de Sucumbíos. El litigio empezó en 1993, cuando comunidades iniciaron una demanda por supuestos daños ambientales, en contra de Chevron-Texaco.
El pedido arbitral de la petrolera estadounidense en contra de Ecuador se basó, entre otros, en que el país (a través de la petrolera estatal Petroecuador) asumió la responsabilidad de esos pasivos ambientales en campos petroleros, que había operado en el país.
El Gobierno de Ecuador había anunciado el jueves 6 de septiembre que solicitará aplicar el derecho de repetición, por el cual se traspasa a funcionarios de la Administración del expresidente Rafael Correa una eventual condena contra el país, en el marco de un proceso arbitral con la petrolera Chevron.
“Solicitamos al procurador general del Estado que, ante cualquier sanción económica al país, tome inmediatamente las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses de la República”, dijo Jurado, al remarcar que se trata del derecho de repetición.
Ese recurso judicial, amparado en la Constitución, busca el reintegro del dinero que el Estado se vea obligado a pagar por concepto de condenas emitidas en su contra y que tengan como origen una mala actuación de funcionarios públicos o particulares.