¿Cuántas veces ha sido necesario sacar la copia de la cédula o la copia de papeleta de votación para hacer un sencillo trámite en alguna institución pública? La tramitología en Ecuador es una pesada carga no solo para las empresas, sino mucho más para las personas naturales.
Guido Macas, de las Universidad ECOTEC, recordaba en un reciente artículo aquí en La Conversación, que según el Índice de Competitividad Global 2017-2018, Ecuador se ubicaba entre los últimos 10 países en uno de los indicadores: el que se refiere a la eficiencia de las entidades públicas en tramitología. En el el puesto 128 junto a Paraguay, Haití y Venezuela, de un total de 137 países evaluados.
No solo es el costo de la tramitología, es el daño al ambiente. El consumo per cápita es de cientos de kilos por año. Los japoneses o estadounidenses gastan el equivalente a seis árboles de 12 metros y los belgas más más de 8,5 árboles. Según estudios de los ambientalistas, cada año se pierden 15.000 millones de árboles.
Desde ese punto de vista, resulta bastante positivo el Decreto Ejecutivo primero que elimina el requisito en las instituciones públicas de pedir copia de la cédula o la papeleta de votación y la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites aprobada por la Asamblea, para hacer toda la tramitología en línea.
El mundo se va quedando sin recursos por falta de una cultura ambiental. Ahora solo hace falta un ley que restrinja y prohíba el uso de las bolsas plásticas como ya lo han hecho muchos países de la región. El plástico tarda en descomponerse entre 15 y 1000 millones de años y al hacerlo se divide en miles de partículas que se mezclan con el entorno creando un mundo de plástico en ríos y océanos. El petróleo usado para hacer 14 bolsas de plástico podría llenar un tanque de gasolina de un carro y su vida útil apenas pasa de 10 minutos.
Y de paso también cabe preguntar a la banca privada, ¿qué pasó con el dinero electrónico?
A fines de marzo, el sistema financiero privado anunciaba estar en la última fase de pruebas operativas de su billetera móvil denominada Bimo, tras la aprobación en diciembre de 2017 de la Ley de Reactivación Económica que traspasó la plataforma del dinero electrónico del monopolio del Banco Central a los bancos y cooperativas.
Desde entonces han pasado más de cuatro meses y nada del dinero electrónico ni por parte de las autoridades de regulación y control ni por parte de la banca privada. El dinero electrónico era una alternativa planteada para alcanzar a la población no bancarizada y reducir el uso de los billetes en las transacciones cotidianas.