La jueza Silvia Sánchez abrió instrucción fiscal contra Fernando Alvarado por el delito de peculado y ordenó tres medidas cautelares: la prohibición de salida del país, la presentación periódica cada 15 días, (desde el próximo 24 de agosto ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas) y, el uso del dispositivo de vigilancia electrónico, que le fue colocado al término de la audiencia.
Este fue el punto culminante de una jornada que empezó el miércoles en la noche en la ciudad de Manta, donde Alvarado fue abordado por policías que le notificaron una orden fiscal para comparecer de inmediato a rendir una versión que no atendió en llamados anteriores. En tres ocasiones se negó a rendir su versión libre y voluntaria sobre los hechos que se investigan
Luego de varias horas de viaje con custodia del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Alvarado llegó a la Fiscalía General en Quito donde permaneció por más de siete horas hasta que se confirmó que sería llevado a la Corte.
El exsecretario, ahora procesado, no podrá regresar a Ghana, en África, donde residía, según dijo, por motivos de trabajo. Tenía previsto abandonar Ecuador este viernes 10 de agosto. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo que tendrá para desvirtuar la acusación antes de un posible llamado a juicio.
La fiscal Ruth Palacios fue la encargada de formular cargos contra Alvarado por su presunta participación en el delito de peculado. La jueza nacional Silvia Sánchez, acogió el pedido de la Fiscalía y le impuso al procesado
En una diligencia que comenzó a las 00:00 de este jueves 9 de agosto y que aproximadamente duró una hora, Palacios formuló cargos contra Alvarado con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado.
En este informe se evidenciarían contrataciones irregulares para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos, así como la contratación de la productora Gota Azul, cuyo gerente general, Carlos Bravo, es hermano de Marco Antonio Bravo Segovia que en ese tiempo fue subsecretario de Medios de la Secom, para la realización de documentales, cadenas, reportajes. También está la contratación de la productora Satré para la realización de una consultoría que mejore la producción de las denominadas sabatinas que se realizaron durante el gobierno de Rafael Correa.
Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía están las versiones de extrabajadores de la Secom, quienes mencionaron que Alvarado delegó a sus funcionarios más cercanos la realización de las contrataciones de los productos.
El delito de peculado, que atenta contra la administración pública, está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años.