Según el Índice de Competitividad Global 2017-2018, Ecuador está entre los últimos 10 países en uno de los indicadores: el que se refiere a la eficiencia de las entidades públicas en tramitología. En ese ítem ocupa el puesto 128 de un total de 137 naciones evaluadas y sus vecinos en la lista son Paraguay, Haití y Venezuela. Ese deshonroso lugar se debe justamente a toda la burocracia y la tramitología a la que se ven atados tanto las personas naturales como las jurídicas.
El análisis del índice es transparente: la eficiencia e ineficiencia afectan a la competitividad; las personas pierden tiempo y ese tiempo tiene un valor. En otras palabras, el cumplimiento de requisitos inoficiosos retarda el trámite, hacer perder tiempo a las personas y eso se traduce en costos.
Desde ese punto de vista, el Decreto 372 que impide a todas las entidades que dependan de la Función Ejecutiva “exigir documentos o certificados que sean producidos o se encuentren a cargo de las entidades comprendidas dentro de este ámbito para la realización de trámites o gestiones administrativas” , es decir, no incluyan como requisito la copia de la cédula y la papeleta de votación, es un gran avance
Aunque el país viene proponiendo el modelo de cero papeles desde hace al menos tres años, la empresa privada le sacó gran ventaja al sector público. Hoy en día, hasta las gasolineras saben los datos del usuario sin necesidad de entregar ningún documento, menos una copia; sin embargo, no se puede dejar de reconocer que el cambio entre la tramitología física y la digital implica más que un click.
Tuvo que venir un decreto, que dispuso, además, que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) habilite el acceso a la base de datos del Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral a 131 instituciones públicas. El plazo para el cambio termina el 27 de agosto.
En ese punto, bien vale la pena preguntarnos: ¿cuántas veces en un año hemos tenido que sacar la copia de documentos de identidad para algún trámite público? En mi caso particular, en lo que va del 2018, lo he tenido que hacer 10 veces: para obtener o renovar el pasaporte, para las declaraciones en el Servicio de Rentas Internas, para los trámites en el Seguro Social…En todas, es obligatorio presentar el dichoso papel -a veces a color- que no cambia el resultado de un trámite, tiene un costo de tiempo y dinero para el ciudadano y en el mejor de los casos, servía para reciclaje.
El factor ambiental no es menos importante; la reducción de papel promete cifras interesantes: solo los afiliados de la Seguridad Social, que suman 2,2 millones, precisan copia de cédula para cada trámite; el SRI, por su parte, tiene una base de más de 900 mil contribuyentes que al menos una vez al año –sino es todos los meses- deben cumplir con algún proceso que exige adjuntar la famosa copia. La masa laboral del sector público asciende a alrededor de un millón de personas, el 40%, es decir 300 mil, son contratos eventuales, que hasta para cobrar la liquidación precisan una copia de la cédula.
Además, las bases de datos de las instituciones se podrán a prueba todos los días, gracias a los trámites ciudadanos, con lo que la depuración será de doble vía. Adaptarnos al cambio nos va tomar al menos un año, por decreto no se cambian las conductas, sin embargo, empezar por la Función Ejecutiva es un buen paso.