El plenario del Parlamento Europeo rechazó este jueves, con 318 votos en contra y 278 a favor, el mandato negociador del Comité de Asuntos Jurídicos, conocido como JURI, sobre la reforma del derecho de autor europeo que afecta a aspectos como la brecha de valor en los contenidos ‘online’ y la monetización de los contenidos periodísticos.
El asunto más conflictivo de la reforma es el artículo 13 de la misma, que establece que las plataformas de contenidos cargados por usuarios (UUC, por sus siglas en inglés) como Youtube y Facebook son responsables de velar por la legalidad de los mismos. Según los críticos con la propuesta, este punto implicaría el fin de la libertad de expresión en internet, ya que se podrían prohibir a prácticas tan extendidas como los memes o los gifts.
Esto atañe tanto a cuestiones como la pornografía infantil, como sucede ahora, como a los contenidos sujetos a derechos de autor, como plantea la directiva rechazada. El artículo 13 establecería que los proveedores de servicios de la sociedad de la información tomen las “medidas adecuadas y proporcionadas” para garantizar “el correcto funcionamiento de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos para el uso de sus obras”.
La reforma rechazada incluía también otro artículo, el 11, que permitiría a los medios de comunicación reclamar compensaciones a aquellas plataformas digitales en las que se compartan sus artículos o fragmentos de los mismos, con el objetivo de que los editores de noticias puedan obtener una remuneración justa y proporcionada. Algo parecido a lo que sucede actualmente en España con la denominada tasa Google.
Esto significa que finalmente no se realizará un procedimiento de negociación acelerado, y que el texto del borrador tendrá que ajustarse y enmendarse para luego volver a ser debatido, esta vez de una forma pública y extensa, por el Parlamento Europeo.
La norma que empezó a plantearse hace dos años. El rechazo de la propuesta provoca que el Parlamento Europeo no haya fijado una posición de cara a iniciar las negociaciones con el Consejo Europeo, el órgano formado por los líderes de los países miembros de la Unión Europea. De haberse aprobado, ambos organismos hubieran iniciado las negociaciones para establecer un texto final con el que la normativa entraría en vigor.
La nueva postura será debatida y votada de nuevo en pleno en septiembre.