La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó una propuesta para recuperar e invertir en programas de desarrollo y atención social los recursos que se han perdido a causa de la corrupción. Cabezas entregó el proyecto a la ciudadanía en un evento al que asistieron Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS); Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción; así como varios asambleístas.
El proyecto, según la presidenta de la Asamblea, responde al clamor ciudadano que exige mayores acciones contra la corrupción. “No solo los funcionarios que han cometido delitos contra la administración pública son peligrosos, sino también sus fortunas ilícitas”, explicó Cabezas, porque esos dineros malhabidos son utilizados para seguir corrompiendo. “Recuperar los recursos desviados, es un paso clave para romper el círculo vicioso de la corrupción”, dijo.
Las denuncias y casos de corrupción podrán venir de dos actores distintos. Primero, se brinda la oportunidad a todas las personas que se hayan involucrado en esta clase de delitos, a que devuelvan los fondos con los que se beneficiaron y aporten con las investigaciones, que permitan recuperar la totalidad del dinero desviado y dar con los verdaderos cabecillas.
El segundo componente, empodera y revitaliza la participación ciudadana, permitiendo que los ciudadanos presenten casos, que sustenten indicios de corrupción.
Las investigaciones que sigan la ruta del dinero serán ejecutadas por Equipos Técnicos Especializados, acreditados ante el Consejo de Participación. Estos equipos tendrán un carácter de multidisciplinarios (es decir, contarán con profesionales especialistas en diverso campos, como juristas, financieros, economistas, inmobiliarios, petroquímicos, entre otros).
Finamente, la presidenta Cabezas explicó que esta ley no se contrapone con otros mecanismos de lucha contra la corrupción, sino que la complementa y fortalece con una participación activa de la ciudadanía. Además, al no ser un proceso judicial, no existirá oportunidad de contrademandas, y se asegurará la protección y reserva de todas las personas denunciantes.