Los presidentes de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y los de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) firmaron una Declaración conjunta, que tiene como objetivo fortalecer sus vínculos comerciales, económicos y sociales en momentos que afloran posturas proteccionistas en el mundo, particularmente en Estados Unidos.
“Al tener estos nuevos dilemas (comerciales) lo que tenemos que hacer es convencernos más en la línea de la apertura, la integración a través de las cadenas de valor, tenemos que seguir, no flaquear”, dijo el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.
Las ocho naciones representan el el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y El Caribe. En la reunión Ecuador solicitó formalmente su integración a la Alianza del Pacífico.
Este bloque de naciones, por el tamaño de sus economías, son las más representativas de América Latina y El Caribe. En suma conforman el 79% de la población de la región, el 85% del Producto Interno Bruto, el 86% de las exportaciones y el 88 % de la inversión extranjera directa, lo que da cuenta también de su gran potencial de desarrollo y trabajo conjunto.
La declaración identifica áreas de trabajo conjunto como eliminación de barreras no arancelarias, cooperación regulatoria, promoción comercial y pymes, facilitación del comercio de bienes y servicios y turismo.
Además, se establecen otras áreas para el intercambio de experiencias como agenda digital, comercio inclusivo, género, movilidad académica, cultura y movilidad de personas, y se contempla también un seguimiento periódico para verificar el estado de avance del Plan de Acción.
Este intento de cooperación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur comenzó en 2017 y hoy se concreta la primera acción de otras muchas que hacen parte de un plan de acción para suscribir un acuerdo comercial entre los dos bloques.
La noticia se dio en el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico. El evento contó con una intervención del presidente, Juan Manuel Santos, que mencionó las medidas para facilitar el comercio, la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y la emisión del llamado “bono catastrófico regional”, para la gestión de riesgo de terremoto por $1.360 millones.