La investigación por el secuestro del ex diputado Fernando Balda en 2012 en Bogotá se reactivó tras las nuevas diligencias de la justicia ecuatoriana y la orden de detención provisional del expresidente Rafael Correa. Ahora la Fiscalía avanza en la recuperación de pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de más personas en el secuestro, incluso funcionarios públicos, como ocurrió con la fiscal que inició el proceso en Colombia y a quien el Tribunal de Bogotá ordenó investigar por presuntas irregularidades.
La Fiscalía solicitó tres nuevas órdenes de captura contra policías ecuatorianos que supuestamente participaron en el secuestro. Se trata de Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza, según algunas versiones de las autoridades de Ecuador, ya capturados en ese país y Luis Raúl Chicaiza, quién estaría pendiente por capturar.
Los secuestradores en Colombia habían llegado a un preacuerdo con la Fiscalía para reducir sus penas. En marzo de 2014 la Fiscalía dio los primeros resultados en la investigación en la que aparecían como responsables del secuestro Diego Luis Moreno Navia, Jhomathan Hernando Usuriaga Jiménez, Jimmy Herley Navia Hurtado, Karim Shek Mina, Moises Enríquez Pérez Escobar, Saider Yajaira Valencia Lasso y Wilson Antonio Parra Vargas, varios de ellos fueron capturados en Puerto Tejada (Valle del Cauca).
La Fiscalia, según El Tiempo, les imputó el delito de secuestro simple y dos meses después Moises Enríquez Pérez Escobar, Diego Luis Moreno Navia y Saider Yajaira Valencia Lasso lograron un preacuerdo con el ente acusador. Por cuenta de ese preacuerdo en septiembre de 2014 el juzgado tercero penal de conocimiento de Bogotá los condenó a 48 meses de cárcel y al pago de una multa de 200 salarios mínimos.
El 21 de enero de 2015 el Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado inclusive del preacuerdo y ordenó que se investigara por presuntas irregularidades a la fiscal del caso, Consuelo Alexandra Martínez Dueñas, quien estaba asignada al despacho noveno especializado de la unidad contra el secuestro y la extorsión.
Según El Tiempo de Bogotá, luego se volvió a preacordar con Jimmy Herley Navia Hurtado, Saider Yajaira Valencia Lasso, Moises Enríquez Pérez Escobar y Diego Luis Moreno Navia y ellos aceptaron el cargo imputado. En mayo de 2015 quedó en firme ese preacuerdo que estableció una pena en cinco años de cárcel, una multa de 200 salarios mínimos y el juez del caso negó la libertad condicional o la casa por cárcel.
Los cuatro ya están disfrutando de la libertad condicional ordenada por jueces de ejecución de penas de Bogotá.