¿Es la Ley de Comunicación un documento obsoleto, funcional solo en un estado de propaganda pensado y diseñado por el expresidente Rafael Correa para sostenerse en el poder ad infinitum? Al menos eso parece demostrar la intervención de la defensora del Pueblo, Gina Benavides, en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, en la cual se debate un proyecto de reformas a esa normativa.
La Defensoría del Pueblo, según el punto de vista de Benavides, no puede encargarse de la protección y restitución de derechos en el ámbito comunicacional como propone la reforma del Ejecutivo, al hacer una distinción entre medidas de protección y medidas de restitución de derechos.
Para la defensora, una medida de protección en materia de derecho a la comunicación es muy problemática porque puede llevar a un proceso de censura previa. Y ese temor lamentablemente está bien fundamentado. ¿Cuántas veces no se intentó censurar a los medios por el supuesto atentado al honor o a la majestad del poder? ¿Cuántas veces la Supercom no actuó como la gran censora o como la institución burocrática que ponía titulares en los noticieros de radio, prensa y televisión de todo lo bueno que hacían las autoridades de la década pasada?
En el proyecto enviado por el Gobierno consta que las afectaciones que los medios de comunicación provoquen en ciudadanos, instituciones y colectivos -con la difusión de contenidos- serán tratadas por la Defensoría del Pueblo, luego del cierre de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
La desproporción con la que en la anterior década se trataron las supuestas afectaciones a los derechos a la comunicación con el resto de derechos también quedó en evidencia en la intervención de la defensora del Pueblo. Benavides dijo estar en desacuerdo con el traslado de bienes y personal de parte de la Supercom a la Defensoría por una sencilla razón, el desbalance.
“No puedo tener una unidad de 200 personas para proteger ese derecho (comunicación) y para el resto tenga cinco o seis personas”, dijo Benavides. De ahí la pregunta, para que una ley que podría volver a ser usada por cualquier otro gobierno con sueños de eternizarse en el poder, si sabe que tranquilamente puede convertirse en una ley mordaza.