El juez Paúl Serrano, de la Corte de Justicia del Azuay, ordenó la suspensión definitiva de la explotación minera en el proyecto Río Blanco, cuyas actividades se paralizaron desde el 6 de mayo de 2018 tras un enfrentamiento. Además dispuso el retiro progresivo de los militares en la zona que permanecía bajo su resguardo y que la Defensoría del Pueblo supervise el cumplimiento de dicha sentencia.
La acción de protección fue interpuesta por comuneros de las parroquias Molleturo y Río Blanco. Yaku Pérez Guartambel, de la Ecuarunari, calificó al fallo como histórico.
Río Blanco es uno de los proyectos mineros catalogados como estratégicos por el Gobierno y se localiza entre las parroquias de Molleturo y Chaucha. Es un proyecto principalmente de oro cuya concesión pertenece a la empresa china Ecuagoldmining South America S.A.
Según las proyecciones, la producción diaria sería de 800 toneladas al día, por lo cual el proyecto fue catalogado como de mediana minería. Actualmente se encuentra en la fase de explotación y tendrá una vigencia aproximada de 11 años.