Después de varias semanas de debate de la propuesta de ley económica que presentó el Presidente al Legislativo, la misma fue aprobada hace escasos días, si bien aún falta el veto del Ejecutivo es muy probable que entre vigencia dentro de muy poco, ya que la misma desde génesis recogía propuesta realizadas desde los sectores empresariales, académicos, entre otros. Si bien ningún cuerpo legal dista de ser perfecto, al menos recoge lo que se viene pregonando desde hace algunos años de que exista una mayor participación del sector privado en la economía, desplazado por el voraz gasto público evidenciado en el gobierno anterior.
No se evidenciaba un interés por una ley económica desde hace bastante tiempo, que llevo incluso a que el algunos artículos se voten aparte dado la inconformidad de varios sectores representados en la Asamblea que no estaban de acuerdo con la aprobación de la ley como un solo cuerpo legal. En todo caso la oportunidad está dada al gobierno para que pueda delinear una hoja de ruta de largo plazo tan necesaria para el país, es que resulta inverosímil que no exista, pues eso contribuye a la incertidumbre y por ende a la falta de garantías para la inversión extranjera.
Los puntos de mayor discusión estuvieron en torno al manejo de la deuda externa, la remisión de las deudas tributarias, incentivos al sector agrícola, entre otras. Con respecto a la deuda externa se le da apertura al gobierno a que busque alternativas de financiamiento que le permita reperfilar los diversos tramos de deuda existente, como es conocido los términos contratado de la misma no son los mejores pues tiene vencimiento muy cercanos y a altas tasas de interés lo que complica las finanzas públicas actualmente y en los siguientes 5 años especialmente. Algunos sectores señalan que es un cheque en blanco para el actual gobierno pues podría comprometer más las exiguas finanzas públicas al permitirle endeudarse más (por no considerar el límite constitucional), esperemos exista el manejo transparente y adecuado, y aproveche la oportunidad para mejorar las condiciones de endeudamiento, el buen manejo de este punto por parte del gobierno sin duda generará confianza en los diversos actores económicos y políticos, nacionales y extranjeros.
La remisión de los pagos de intereses y multas fue otro de los puntos que más debate generó, pues existía inconformidad en muchos sectores de que nuevamente se conceda una amnistía a aquellos que no cumplieron con sus obligaciones tributarias, y esto es debido a que se ha vuelto algo recurrente este ¨beneficio¨ dado que algunos empresarios no cancelen en el momento pertinente hasta esperar otra remisión. Por ello, se incluyó que quienes hagan uso de la remisión no lo puedan aplicar dentro de los siguientes 10 años, de alguna forma esto generaba una competencia injusta con aquellos empresarios que cancelaban sus obligaciones tributarias a pesar de les significaba una reducción en su liquidez. En todo caso, el gobierno debe aplicar mecanismos que le permiten mejorar la recaudación de los tributos y que conlleve el cumplimiento el momento exacto del pago de los mismos.
En todo caso, ninguna ley por sí mismo garantiza que la situación mejorará en el país, al menos es la base y estará en las acciones del gobierno que genere la confianza necesaria no solo para que la inversión extranjera venga como se espera, sino también que mejore la confianza de los inversionistas y de los consumidores locales. Esperemos el gobierno no pierda esta nueva oportunidad que tiene en sus manos, es el momento para delinear el país que queremos en lo económico, atendido esto podrá sentarse las bases para el crecimiento y el desarrollo, sino también que mejoren las condiciones de vida de gran parte de la población.