Nada de raro debería existir en el hecho de que un expresidente haya sido vinculado en una indagación penal por el caso del secuestro de un asambleísta opositor en su época de mayor apogeo y gloria, cuando todo estaba bajo su absoluto control; todas las instituciones del Estado marchaban bajo su lógica, su moral, sus costumbres; donde nada se movía si no pasaba por su visto bueno; donde cada sábado era recibido por sus partidarios para escuchar sus sentencias, para oír quién era bueno y quién era malo, qué era verdad o qué era mentira.
Entonces resulta poco creíble suponer que nunca se hubiera enterado de una extraña operación en el exterior, con agentes encubiertos de la Senaín “para las deportaciones”, según escribió en su cuenta de Twitter asumiendo que también tenía potestad en otros Estados para decidir quién era deportado.
Hay muchas interrogantes que el caso Balda ha abierto. Muchas, desde la extralimitación de funciones de agentes de Inteligencia listos a actuar cual mini CIAS o mini Mosads o mini MI6 que tan insoportables eran para el gobierno anterior, porque representaban al Imperio capitalista al que no dudó en acudir en tiempos de vacas flacas.
El caso Balda podría sacar a la luz el hecho de que hubo el uso doloso de recursos del Estado para hacer persecución política con jueces temerosos, fiscales vacilantes, organismos derechos humanos acosados con el famoso Decreto 16. No por temas de seguridad nacional, sino por temas de acallar a los opositores.
El caso Balda puede ser la punta del iceberg porque ha llegado a la más alta instancia de control del Estado y por eso la desesperación de quienes confiaban todavía en el regreso de las aguas al cauce de esa especie de absolutismo que vivió Ecuador en la última década. Diez años después, al menos los ecuatorianos ya no estamos obligados a escuchar clases de moral los sábados, mientras entre semana nadie predicaba con el ejemplo.
Lawfare comenzarán a gritar, la palabreja de moda tergiversada como todo el guión del socialismo del siglo XXI. ¿Lawfare de quién?, ¿quién diseño las leyes en la última década que supuestamente ahora son usadas para perseguir?, ¿quién hizo uso y abuso de la figura de la prisión preventiva?, ¿quién dijo que esas leyes eran usadas para perseguir delitos y no personas?, ¿quién se burlaba de los organismos de derechos humanos porque la soberanía legal del país estaba por encima de todo?
La vinculación no es una sentencia, es solo la sospecha de que existen indicios de la participación de alguien en el cometimiento de un delito. Ya en el juicio todos tendrán la oportunidad de poner las pruebas sobre la mesa. No se va a juzgar la grandeza humana de alguien, solo un delito.
Un expresidente que deja el poder, porque solo es un custodio temporal del poder, vuelve a ser una persona con derechos y obligaciones similares a los de todos los ciudadanos.