Nuevos episodios de violencia se registraron en al menos cinco ciudades de Nicaragua, donde policías antimotines y paramilitares disolvieron retenes de manifestantes civiles, en los que varias personas resultaron heridas, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.
La situación se recrudece a horas de que se reinicie el diálogo nacional con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Alvaro Leiva, directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo a periodistas que hombres fuertemente armados incursionaron desde anoche en la ciudad de Nagarote, unos 45 kilómetros al noroeste de la capital.
Otros operativos de policías y paramilitares fueron reportados en Matagalpa (norte), Chontales (centro), Masaya, al oriente de Managua, y en el municipio de Tipitapa, vecino a la capital, indicó Mónica López, vocera del movimiento campesino.
Extraoficialmente se informó de personas heridas y de al menos dos fallecidas, pero por ahora no hay confirmación oficial. Medios de prensa de Matagalpa reportaron un incendio en la alcaldía de esa ciudad y responsabilizaron de ello a grupos parapoliciales.
Sin embargo, el portal oficial El 19 no informó de sucesos de violencia, a excepción del presunto secuestro de una mujer en Masaya.
Los hechos suceden tras la llegada de la misión técnica de la CIDH, que arribó anoche para instalar un mecanismo de seguimiento a las denuncias de violencia desde el inicio de la crisis en abril pasado.
“Estos ataques, que ocurren en presencia de la CIDH, muestran el irrespeto del Gobierno hacia los derechos humanos y su falta de voluntad de restablecer la paz y la estabilidad”, dijo Leiva.
Álvaro Botero y Fiorella Melzi, dos de los cuatro miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, dijeron que su agenda comienza este lunes con un encuentro con los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
La crisis en Nicaragua ha dejado 212 muertos y al menos 1.377 heridos según el último informe de la CIDH. Una Comisión de la Verdad formada por el Gobierno reporta 173 fallecidos.