El borrador de informe de la Comisión de Fiscalización recomienda pasar al Pleno de la Asamblea el juicio político contra Gustavo Jalkh, Nestor Arbito, Karina Peralta, Alejandro Subía y María Dávalos, quienes fueron cesados del Consejo Nacional de la Judicatura por el Consejo de Participación Transitorio.
El Consejo de Participación anunció el pasado lunes que el Consejo de la Judicatura incumplió todos los parámetros de evaluación: legitimidad del cargo, el cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana.
En la evaluación de los cinco primeros parámetros se refirió a la existencia de un inclumplimiento del indicador uno del parámetro correspondiente a la legitimidad del cargo, por lo que el Consejo de la Judicatura no gozaba de la independencia del Gobierno.
El Consejo de Participación también halló irregularidades en la selección de la mayoría de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nombraron a Jalkh y los vocales cesados, porque habían ocupado cargos con el gobierno de turno, y por lo que al momento de elegir ellos a los integrantes del Consejo de la Judicatura se envolvieron en un conflicto de intereses.