La Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Educación Superior (LOES) con 120 votos, tras la participación de 35 legisladores en el debate, que tuvo como eje central el fortalecimiento del sistema de educación superior y la libre elección de los estudiantes de la carrera que quieren cursar, sobre la base de la oferta académica.
La ponente del informe, Silvia Salgado, aceptó alrededor de 27 cambios propuestos por los asambleístas. Según la Ley aprobada, para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas el examen no será el único requisito. Habrá otros como los antecedentes académicos y la condición socioeconómica.
Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores se considerarán como Institutos Tecnológicos Universitarios. La formación en estos centros será de tercer nivel, en el área técnica y podrán crear especializaciones y maestrías.
Las Instituciones de Educación Superior adjudicarán directamente becas a por lo menos el 10% de sus estudiantes regulares, así como el 6% de su presupuesto para sus profesores. Los recursos económicos del Estado para las Instituciones de Educación Superior se garantizarán a través de un Fondo Permanente de Desarrollo y cuando el presupuesto no se gaste en los plazos definidos, se acumulará.
Para garantizar una justa asignación de los recursos se considerará indicadores como la docencia, investigación, vinculación y eficiencia administrativa y financiera.
La norma fortalece la autogestión. El dinero que obtengan de las actividades académicas y de propiedad intelectual podrá reinvertirse en beneficio de estas Instituciones, mientras que el Sistema de Contratación Pública les otorgará ventajas para ofertar sus productos y servicios.
El proyecto de ley establece que en caso de que los programas y carreras no cumplan los estándares de calidad se realizará una intervención parcial, evitando el cierre y se elimina la categorización. Según Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, el enfoque es que el Sistema tenga categoría A.
Los docentes a tiempo completo tendrán un plazo de 5 años para titularse como PhD, mientras que para investigadores se prevé un régimen de contratación específico. La participación de los estudiantes en las decisiones de las Instituciones de Educación Superior es entre el 10% y el 25%. Asimismo, las autoridades académicas y estudiantiles participan con voz y voto en las decisiones de estos centros educativos.
La elección de las máximas autoridades se hará mediante listas y garantizando la alternabilidad, paridad de género e igualdad de oportunidades.
La Ley también establece la reactivación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasy como institución pública.