La Superintendencia de Comunicación fue incluida a última hora en la Ley de Comunicación para desde ahí vigilar y castigar a la prensa independiente, a la no alineada con el proyecto político del expresidente Rafael Correa. El organigrama prácticamente fue copiado de Venezuela, de Argentina…; un esquema que obligaba a los medios a cambiar las palabras, a rebautizar las palabras, a modificar el significante de las palabras.
El anterior gobierno le confirió mucho poder para acosar y perseguir a medios no alineados con el discurso oficial. La verdad era impuesta con boletines de prensa. Los medios comenzaron a llenarse de rectificaciones que con el tiempo se demostraron que eran falsas, porque en el mundo del anterior gobierno todo era maravilloso con un aire de falsedad verdadero. El Ecuador vivía en un paraíso y decir lo contrario debía ser considerado una vulgar mentira, un delito. Medios y periodistas fueron catalogados de corruptos solo porque unas sabatinas así lo sentenciaban. Todos los funcionarios del anterior gobierno eran impolutos. Nadie podía ser cuestionado. Ni Pedro Delgado, ni Alecksey Mosquera ni Carlos Pareja Yannuzzelli hasta que todo se volvía impresentable.
Las advertencias, las multas, los juicios con un verdugo que hacía las veces de acusador y juez fue una realidad que vivió el país. Nada se podía salir del discurso oficial replicado por un órgano de propaganda con abundantes recursos. Medios incautados que no fueron vendidos y en los que operaban funcionarios que hoy están en la mira de la justicia.
Hoy el Presidente Lenín Moreno ha hecho un anuncio significativo. La Superintendencia de Comunicación, el órgano de control de la propaganda del anterior gobierno, va a desaparecer. Y los medios incautados serán vendidos. La administración pública no necesita financiar jugosos sueldos de funcionarios de empresas sustentadas con fondos públicos, pero consideradas privadas.
Es un paso, tal vez no muy significativo, pero un paso. Hay leyes para denunciar el abuso o la tergiversación de la información o el atentado a la honra de las personas. Pero eso debe estar a cargo de la justicia, de una justicia independiente y no dirigida por un Consejo de la Judicatura que recibía correos de Carondelet en la época del anterior gobierno, un símil de la Supercom al nivel de la justicia.