El procurador general de Colombia, Fernando Carrillo Flórez, reveló que existen denuncias sobre la reaparición de ‘casas de ajuste de cuentas’ y casos de violencia sexual contra menores de edad, personas en condición de discapacidad y población LGBTI en Nariño, localidad fronteriza con Ecuador.
Carrillo afirmó que el Estado colombiano no ha podido recuperar la presencia y control en zonas donde operan los grupos armados ilegales en Tumaco. “Para quienes persisten en delinquir y son más narcotraficantes disfrazados de guerrilleros, tiene que venir todo el peso de la ley”.
El procurador aseguró que la prueba de fuego de la consolidación de la paz comienza en la frontera con Ecuador donde existen disputas para el control de esos territorios, donde se comercializa la droga, entre grupos armados nacidos de la desmovilización de las FARC.
A pesar de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, “en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), la reparamilitarización ha aumentado, con la presencia de 17 grupos armados al margen de la ley, de cortes paramilitares y subversivos”, declaró John Jairo Tapie, del pueblo Pasto.
Este año 570 indígenas pastos quedaron en medio de un combate entre un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el último grupo rebelde reconocido por el gobierno, y el frente Oliver Sinisterra vinculado con el narcotráfico, por lo que tuvieron que huir a Ecuador para salvar sus vidas, dijo.