Aproximadamente diez meses de mandato tuvo que esperar el presidente de la República para finalmente pronunciar el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva. Durante este tiempo, Moreno estructuró un telón de diálogo y democracia en el que escuchó las propuestas económicas de varios sectores de la sociedad. Dos grandes foros de economía, académicos, empresarios y autoridades políticas entregaron documentos con políticas económicas al primer mandatario, en donde le hicieron conocer posiciones sobre el rumbo que debería seguir la economía ecuatoriana. Al final del día, Lenin Moreno no logró sorprender a la ciudadanía, y presentó un programa tibio, con varias contradicciones, y lleno de ambigüedades.
El gobierno debe generar condiciones que fortalezcan la dolarización y mayor liquidez en la economía ecuatoriana, a través de herramientas de vanguardia (dinero electrónico, criptomonedas, Inteligencia Artificial como oportunidad para eliminar costos de transacción), que a la vez fomenten el consumo y la producción.
Innegablemente, la economía del Ecuador requiere de acciones concretas que permitan corregir la situación macroeconómica actual. Sin embargo, el ajuste de estos indicadores no debe dejar de lado la participación del Estado en la política social, el respeto a los derechos de los trabajadores y el control tributario. Asimismo, el gobierno debe generar condiciones que fortalezcan la dolarización y generen liquidez en la economía ecuatoriana, a través de herramientas de vanguardia (dinero electrónico, criptomonedas, Inteligencia Artificial como oportunidad para eliminar costos de transacción), que a la vez fomenten el consumo y la producción. Finalmente, es de vital importancia ahondar en el debate de la redistribución de la renta y la inminente desigualdad económica que existe en el país.
Lamentablemente, los cuatro ejes y las catorce medidas planteadas por el Presidente no son suficientes para solucionar los problemas económicos.
Lamentablemente, los cuatro ejes y las catorce medidas planteadas por el Presidente no son suficientes para solucionar los problemas antes mencionados. Si bien se propone acciones urgentes y necesarias como la simplificación de trámites para la producción y dinamización de la economía, el fortalecimiento de la economía popular y solidaria como eje central de la reactivación, la optimización de los contratos petroleros, y el fomento a las exportaciones; no se logra comprender cuáles serán las estrategias puntuales de la reactivación económica y el papel fundamental de la mediana y pequeña empresa y el acceso preferencial de estos grupos a los servicios financieros. Contrariamente, se ha propuesto nuevas modalidades de contratos de trabajo (flexibilización laboral) y la revisión de intereses, multas y recargos a grandes empresas que se caracterizan por no pagar la totalidad del impuesto a la renta. Estas políticas benefician en gran medida a la acumulación sectorizada del capital y anulan toda capacidad redistributiva de la Economía.
Es de vital importancia que el Estado reduzca el gasto público. Sin embargo, la propuesta de reducción del gasto atravesada por la discursiva del oxímoron del “Estado obeso” en el imaginario de la sociedad ecuatoriana, contrapone fuertemente los conceptos de “eficiencia” y “ajuste numérico”. Por un lado, se menciona que se eliminarán instituciones de acuerdo a su eficiencia y se suprimirán empresas de la Función Ejecutiva. Por otro, se anuncia que serán siete las empresas privatizadas y aproximadamente USD 1000 millones de dólares de ahorro para el Estado. Entonces, si es que se plantea un techo numérico de ahorro y un número de empresas para ser cerradas, evidentemente no serán la eficiencia y rentabilidad los criterios de valoración para eliminar instituciones, sino un mero ajuste similar a las “camas de Procusto” que servirá de contentillo para quienes, en su sexto sentido, pueden concebir la idea bufona de un “Estado regordete”. Por esa razón, es importante considerar los verdaderos criterios de eficiencia, y embestir con dirección a los salarios del nivel jerárquico superior de la función pública que significa el 20% del gasto en nómina del Estado, a los bienes muebles e inmuebles innecesarios, a las Embajadas inútiles instauradas en Medio Oriente y África para cubrir cuotas políticas, y a las instituciones que solamente trabajan por legitimar ante la sociedad los intereses de un movimiento político.
En lo que tiene que ver con el sistema financiero y la generación de Alianzas Público Privadas, la propuesta económica presentada por el gobierno es alentadora. Claro, siempre y cuando existan marcos normativos sólidos que no pongan en riesgo la dolarización y el riesgo que asume el Estado (APPs). La entrada de entidades financieras internacionales para el otorgamiento de créditos de inversión generará sin duda mayor competitividad, y a su vez hará que las tasas de interés sean más accesibles para pequeños y medianos empresarios. De igual forma, la concreción de Alianzas Público-Privadas incrementará el desarrollo en infraestructura, telecomunicaciones y energía, y a su vez, impulsará el crecimiento económico. En definitiva, estas dos medidas son muy interesantes y deben ser sometidas a debate nacional, para la creación de marcos normativos que le den seguridad al Estado ecuatoriano y a la dolarización.
Finalmente, el documento menciona en varias ocasiones al ISD (Impuesto a la salida de divisas). Es importante recordar que el ISD nació como una herramienta para frenar la salida de capitales en una economía dolarizada, y poco a poco se convirtió en uno de los principales ingresos del Estado, generando USD 1000 millones en el 2017. A pesar del cuestionamiento que existe sobre este impuesto, la evidencia empírica muestra que el ISD no ha frenado la salida de dólares de la economía ecuatoriana de manera significativa. Al contrario, se convirtió en una poderosa fuente de ingreso para el Estado, y en la excusa perfecta para que las personas que invierten en el exterior, no traigan el dinero de regreso. Por esa razón, es necesario pensar la eliminación del ISD con un plan de contingencia que tome en cuenta el problema de liquidez que implicaría retirarlo de manera brusca.
En conclusión, y a pesar de la incertidumbre de un programa que no está claro, es justo atribuir al presidente Moreno el mérito de forjar un mayor debate en torno a la política económica del país. Indudablemente, ese es un triunfo para la sociedad ecuatoriana, y un freno al monopolio del “tecnicismo” discursivo en la economía, que tanto daño causó en el país los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente. Asimismo, tanto al gobierno actual como a los defensores de un tajante ajuste macro-fiscal, les quedó claro que el país no permitirá nunca más, un paquete de políticas económicas de ajuste radical que afecten a los intereses de la mayoría de los ecuatorianos.