Fue el héroe de Brasil, considerado más allá del bien y el mal; el árbitro de la democracia en la región que a veces discrepaba con Hugo Chávez, pero que nunca negó los millonarios recursos por alianzas entre PDVSA y Petrobras, consideradas en sus momentos como las empresas insignes de América Latina, por la cantidad de recursos que manejaban. PDVSA cayó pronto en el abismo arrastrada por la voracidad del chavismo, pero Petrobras seguía manejando la nómina de Brasil. Hasta que apareció el hilo de una cadena de sobornos en una estación de gasolina con 16 bombas de combustible, una lavandería, una pastelería, una tienda de vinos y un minimercado, instalada en el sector hotelero sur, una de las más turísticas de Brasilia, a 20 cuadras del Congreso de Brasil.
Su dueño, Carlos Habib Chater, un libanés nacionalizado brasileño de 45 años que amplió Posto da Torre hasta convertirla en una de las estaciones más grandes de la ciudad, comenzó a ser investigado por un caso de narcotráfico en Sao Paulo y por uno de asociaciones ilícitas relacionado con un diputado. En esa estación, en 2013, funcionaba una casa de cambios, Valor Tour, donde se sospechaba había lavado de dinero. Y a la que llegaban muchos políticos brasileños. Los agentes que estaban tras el caso detectaron que la casa de cambios realizaba transacciones ilícitas y que Charter tenía un socio, Alberto Youssef.
Los agentes llegaron a Charter al investigar presuntos delitos de lavado de recursos vinculados al exdiputado José Janene. Y luego de monitorear sus comunicaciones pusieron en la mira a Posto da Torre, donde funcionaba una suerte de sistema bancario para ocultar y lavar dinero sucio.
La investigación era dirigida por Sérgio Moro, el juez federal a cargo del caso Petrobras. De Charter pasaron a Youssef que había ido preso en 2003 por lavado de dinero y delitos contra el sistema financiero, en un caso anterior de evasión de fondos denominado Banestado.
Al monitorear a Youssef, los agentes hallaron un correo electrónico sobre el regalo de una camioneta Range Rover Evoque a Paulo Roberto Costa, quien entre 2004 y 2012 había sido director de abastecimiento de Petrobras, un puesto clave en el manejo de contratos de la estatal brasileña que produce 2,5 millones de barriles de petróleo al día con una nómina de 87 mil empleados.
Costa fue detenido el 20 de marzo de 2014, luego de que sus familiares fueran grabados llevándose bolsas y mochilas a hurtadillas de un edificio donde funcionaba una empresa suya. Los fiscales suizos informaron a sus pares brasileños que en bancos de ese país había más de $23 millones de Costa.
Como siempre ocurre en estos casos, en agosto de 2014, Costa llegó a un acuerdo de delación para reducir su pena a cambio de devolver dinero, relatar crímenes y señalar a otros implicados. Con esos nuevos testimonios, los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil como Odebrecht o Camargo Corrêa lograron formar un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Luiz Inácio Lula da Silva, y aliados. El dinero desviado oscilaba entre 1% y 3% del monto de los contratos con Petrobras, disfrazado como pagos por consultorías y asesorías. El dinero era reintroducido al sistema por intermedio de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina.
Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero de las coimas era cargado al costo final de las obras para que gane la constructora, el funcionario corrupto y pierda el Estado. Y uno de los personajes centrales de toda esa trama fue Lula, defendido por todos los funcionarios exfuncionarios de América Latina que llegaron a tener contacto con esas empresas públicas y privadas de Brasil.
Lula está ahora a un paso de ir a la cárcel.