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Explosión en Viche: nueve personas son procesadas por terrorismo, según la Fiscalía

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La Fiscalía formuló cargos contra 9 personas por el delito de terrorismo, por su presunta participación en la detonación de material explosivo, la madrugada de este 4 de abril, en el puente de la parroquia Viche, cantón Quinindé. Todas fueron trasladadas desde Esmeraldas a varias cárceles del país.

Según las autoridades colombianas, entre los detenidos está una cuñada de Guaacho, el jefe de un grupo armados colombiano relacionado con el narcotráfico que sería el responsable del secuestro de un equipo periodístico de El Comercio en Mataje y de los atentados contra varios blancos militares que han dejado cuatro muertos.

Según un boletín de la Fiscalía, tras el atentado en Viche, en coordinación con la Policía, se ejecutaron varios allanamientos la mañana del 4 de abril, logrando así la detención de Andrés P., y Fredis M., de nacionalidad colombiana, en el sector de Casa Bonita cantón Esmeraldas. Mientras que Edison B. y Danilo Q., fueron aprehendidos en los cantones Río Verde y Palestina.

“En la noche se efectuó otro allanamiento en un inmueble del sector Tiwintza, al sur de la ciudad de Esmeraldas, donde se detuvo a Carolina M. Allí se encontró el material con el que presuntamente se habrían elaborado los explosivos. Finalmente, esta madrugada fueron aprehendidos Eliecer D., Winner A., y Carlos M., en San Lorenzo”, dice el boletín de la Fiscalía.

La audiencia de formulación de cargos de desarrolló en la Unidad Judicial del cantón Esmeraldas, la jueza acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra de los procesados por el delito de terrorismo, tipificado en el artículo 366, numerales 2 y 9 del Código Orgánico Integral Penal.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía están rollos de cable que presuntamente fueron utilizados para elaborar la mecha de los explosivos, baterías, 223 municiones, teléfonos celulares y la información recabada durante los operativos.

En caso de ser hallados culpables, los procesados podrían ser sentenciados a una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

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