Sin lugar a duda uno de los temas más preocupantes en los últimos años fue el de el gobierno de Correa recurrió a un agresivo financiamiento externo para “consolidar” su plan de gobierno, no reparo en ningún aspecto de orden técnico ni legal para ello. A pesar de los más de 300 mil millones de ingresos extraordinarios en sus 10 años de gobierno, proveniente de ingresos petroleros, tributarios, fondos, entre otros, y con una deuda que recibió en 13 mil millones de dólares, que la bajó a 10 mil millones de dólares aproximadamente por una renegociación forzosa; y que al final de su mandato la dejó en 60 mil millones de dólares (entre deuda externa, interna, preventas, atrasos, etc.) consideró que no fue suficiente y dejó al país hipotecado para las próximas generaciones.
El gobierno anterior no escatimó en usar diversos medios para “disminuir” el tamaño de la deuda y de esta manera no sobrepase el 40% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que establece la norma constitucional, y para ello en diversos decretos se expidió la declaratoria de secreta y reservada de documentación de deuda; no se consideró como deuda las operaciones de preventa de petróleo, las facilidades de liquidez otorgadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), considerar la deuda consolidada como índice de la deuda y no la total de acuerdo al decreto ejecutivo 1218, realizar el convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador, a través del cual se dio al segundo un rol de gestor de financiamiento, entre otros; todo ello para continuar financiando el gasto ineficiente en el que incurría.
Y es que endeudarse no es malo, lo malo es para que use la deuda; hay países alrededor del mundo con niveles de endeudamiento mayor en relación al PIB como Estados Unidos, Japón, entre otros; pero los recursos captados por préstamos o por colocación de papeles en los mercados internacionales fue direccionado a proyectos de inversión con un retorno que permite de sobra pagar los intereses de la deuda; en cambio en Ecuador fue direccionado a gasto corriente y no de inversión como debió ser, las necesidades de financiamiento mensuales llegaron entre el 2016 y el 2017 a ser de 1000 millones de dólares. El Ecuador se endeuda entre tasas del 7 al 11 por ciento en promedio, para tan sólo conseguir un escuálido crecimiento económico de casi el 2%, eso visto en términos financieros no es rentable.
Es necesario que exista un verdadero sinceramiento de las cifras de la deuda externa, será un problema que las futuras generaciones deberá acarrear, pero el gobierno actual tiene la oportunidad de entablar una senda económica que permita superar este grave problema; para ello en lo que respecta a la deuda es necesario reperfilar la misma buscando acceder a nuevas alternativas de crédito que permita sustituir deuda cara por deuda barata, obviamente lo idóneo sería renegociar con acreedores, pero dada las limitaciones de liquidez del país eso puede generar temores en los mercados internacionales (derivado de que la economía ecuatoriana es muy dependiente del precio del barril de petróleo y no cuenta con importantes fuentes de ingresos permanentes); asimismo, debe iniciar conversaciones para tener un programa económico que cuente con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y así contar con recursos financieros por parte de este y otros organismos multilaterales de créditos con tasas de interés muy por debajo de la que se endeuda actualmente el país.
Urge un planteamiento diferente en lo económico, no puede dilatarse más las importantes decisiones que deben tomarse, es hora de un punto de inflexión y de esta manera enrutar la economía, sin lugar a duda este gobierno no solucionará el problema económico (al menos serán de 5 a 7 años tomando las medidas correctas) pero es hora de dar el primer paso.