El borrador del informe sobre la auditoria de la deuda pública durante la última década, solicitada por la Contraloría, concluyó que las obligaciones contratadas por el anterior gobierno sumaron más del 40% del PIB, eso sin considerar que nunca se contabilizaron las preventas petroleras a China.
Según el contralor Pablo Celi, además de superar la deuda en relación con el PIB y las preventas se sumaron los intentos por mantener en secreto y como reservados los documentos de las obligaciones adquiridas incluso de ahora exfuncionarios de este gobierno, Sin nombrarlo, Celi dijo que la semana pasada el exministro Carlos de la Torre habría pedido 45 días más para entregar papeles.
La veeduría fue conformada por Ana Abril, Patricio Alarcón, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Pablo Dávalos, Marcelo Merlo, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yépez.
“Tras cuatro meses de trabajo, a partir de hoy se está procediendo a comunicar los primeros resultados provisionales del examen, para el conocimiento de los funcionarios considerados en la auditoría, como también a notificar a otros funcionarios relacionados con las operaciones sujetas a esta acción de control”, dijo Celi.
La auditoría abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017, y se ejecuta en las entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de deuda interna y externa.
Entre los funcionarios notificados con la auditoría se encuentran los ministros titulares y subrogantes actuantes en el periodo auditado, los subsecretarios de Financiamiento Público y el expresidente Correa, en su calidad del Presidente del Comité de Deuda de Financiamiento.
La lectura de las conclusiones y recomendaciones demoró más de dos horas y fue hecha en presencia de los abogados de los exfuncionarios vinculados al sector económico fiscal y petrolero. En media sesión, que esta vez fue pública, llegó Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia y actual representante legal del expresidente Rafael Correa.
A partir de hoy corre un plazo de cinco días para que se presenten los descargos. Luego se realiza el informe definitivo y, de ser el caso, se establecen responsabilidades civiles, administrativas y penales.