El próximo 27 de mayo la población colombiana elegirá a su nuevo gobernante. Si bien los resultados electorales del pasado 11 de marzo dieron una importante sorpresa dado el súbito incremento de votos a favor del candidato uribista, llama más la atención el silencio establecido sobre dicho proceso electoral, en el cual, según los hechos presentados en forma de noticia, existieron una serie de acontecimientos que lo obscurecen.
Así, la falta de papeletas suficientes para ejercer el voto, la interrupción del proceso electoral en varias zonas del país, y la posterior orden del Ministro del Interior, Guillermo Rivera, de autorizar el uso de fotocopias como material electoral oficial, pareciera ser parte de un procedimiento normal que no merece ningún tipo de cuestionamiento a nivel internacional.
Del mismo modo, el intento de asesinato al candidato Gustavo Petro, pocos días después de que el Estado disminuyera el número de agentes policiales destinados a protegerlo, y en la ruta establecida por la misma policía del alcalde del departamento que visitaba, no despierta ninguna suspicacia, ni inquietud, ni preocupación pública, menos aún en la tarima internacional, que anime solicitud o demanda internacional al gobierno colombiano de resguardar la vida de los aspirantes. Estos hechos pueden ocurrir en la región sin que a nadie preocupe, a nadie movilice, ni siquiera a los “activistas” que tenemos en la región.
No en vano internamente la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo pública su preocupación por la falta de garantías de seguridad al candidato Petro y por la no digitalización de los formularios E14, en los que se transcribieron los resultados de los comicios, que aunque no fuera obligatoria ofrecía algún tipo de garantía a los colombianos; al tiempo que cuestionó la reunión del presidente Juan Manuel Santos con varios dirigentes políticos, advirtiendo que esto despertaba sospechas de participación indebida de sus funcionarios públicos en las últimas elecciones.
Pero el silencio que recorre el continente en torno a la ausencia de elementos básicos que ofrezcan garantías de limpieza procedimental y protección de los candidatos no deja de llamar la atención, más aún si se toma en cuenta el actual “activismo” de varios actores que en los últimos tiempos han levantado su voz para demandar garantías electorales en un país vecino, Venezuela, ubicando como soporte de su discurso “la defensa de la democracia”.
Tal vez el más visible es Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), conocido por cuestionar las elecciones y descalificar la democracia en Venezuela mientras recorre el mundo, quien ahora parece desentenderse de sus palabras en Colombia, aquellas en las que afirmaba sobre el país petrolero que “no se puede jugar con los votos de la gente”.
El silencio de Almagro sobre el proceso en Colombia es estridente, aunque ofrece pistas que hace unos días haya ganado el Premio FAES de la Libertad en Madrid, el cual también ha sido entregado a Margaret Thatcher, Simón Peres o Mario Vargas Llosa, de similar tendencia política.
Sorprende que en dicho evento Almagro haga pública su preocupación sobre las 150 personas muertas en manifestaciones en Venezuela desde el 2014 hasta el 2018, pero que no le merezca ningún comentario los 169 líderes sociales asesinados en Colombia en un solo año, el 2017, y que en el 2018 llega a 33 muertos.
Llama la atención, asimismo, que Almagro llame “fracasados” los procesos de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, sin mencionar que esta última se rehusó a firmar a último momento los acuerdos que negoció durante un periodo previo. Coincidentemente su postura ocurre los días en que el director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil Corporation entre el 2006 y el 2016 y por entonces Secretario del departamento de Estado, Rex Tillerson, se paseaba por Sudamérica pidiendo el derrocamiento del gobierno venezolano. ¿Es tan ingenuo el activista?
Pero Almagro no menciona a Colombia, pues está ocupado pidiendo sanciones “más duras y de mayor alcance” contra Venezuela. ¿Por qué su “activismo” se paraliza cuando se trata de Colombia?
Sin embargo Almagro no es el único activista silente. Lo mismo ocurre con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien este año reclama en un evento internacional que en Venezuela se celebren elecciones “libres” y “transparentes”, señala que “no va a reconocer” los resultados de las próximas elecciones presidenciales, y llega a tratar asuntos venezolanos con su par francés, Emmanuel Macrón, quien posteriormente indica que es favorable a incrementar sanciones europeas contra el país petrolero. Luego de tal “activismo”, su silencio sobre los comicios colombianos impresiona sobremanera.
Ni qué decir del ex-presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien expulso al embajador venezolano en el 2017, y retira la invitación a su homólogo a la Cumbre de las Américas, mientras ignora la realidad colombiana.
Tal vez esto se deba a la posición de Estados Unidos, que no cesa su presión para cambiar de gobierno en Venezuela, y que hoy se expresa en la reciente solicitud de Donald Trump a Kuczynski de trabajar con los países de la región “para restaurar la democracia en Venezuela”.
Al parecer, si los intereses de Estados Unidos se vieran vulnerados en el país donde tienen siete bases militares, los reconocidos “activistas” levantarían la voz que ahora se disuelve en el silencio, pero como están garantizados, el país tiene asegurado el silencio de los “activistas”.