Colombia asiste este domingo a las urnas para elegir un nuevo Congreso de la República para el cuatrienio 2018-2022 y también para que dos coaliciones de orillas completamente contrarias, la de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y la de los exalcaldes Gustavo Petro y Carlos Caicedo, definan su candidato único a la Presidencia de la República.
Un proceso electoral marcado por un hito histórico: se trata de los primeros comicios de los últimos 50 años sin las FARC como grupo armado en guerra, mas sí como protagonistas convertidas en partido legal y con 10 curules, como mínimo, aseguradas, sea cual sea su votación. Pero, además, esta vez cobra mucha más fuerza la tesis de que estas elecciones legislativas representan, en esencia, unas primarias de las presidenciales, pues de la manera como se acomoden las fuerzas políticas en el Capitolio se definirán las alianzas de cara, ahí sí, a la primera vuelta del 27 de mayo, analiza El Espectador.
Hace cuatro años, con la reelección del presidente Juan Manuel Santos en juego, se habló de la elección de un Congreso para la paz. En ese entonces, la firma de un acuerdo con la guerrilla en La Habana era una eventualidad. Hoy es una realidad, y aunque se avanzó en puntos fundamentales de la implementación, persisten compromisos que tienen que ver con la normatividad de varias de las reformas ya aprobadas y los requerimientos en materia de financiación. Al término del fast track a fines del año pasado —el mecanismo establecido para agilizar la aprobación de las leyes de la paz— están pendientes hoy, por ejemplo, el proyecto de sometimiento de las bandas criminales, la reglamentación de las zonas de reserva forestal, el catastro multipropósito o la ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, entre otras. Y en el actual escenario electoral presidencial, aunque queda un período de labores de marzo a junio, lo más seguro es que todo ello se le deje al nuevo Congreso.
Lo claro es que de la decisión que tomen hoy los ciudadanos en las urnas dependerá también que ese nuevo Legislativo —una institución con los más altos índices de desfavorabilidad en el país— vuelva a ser el escenario de los grandes debates nacionales y cimiento para la construcción de una nueva Colombia, esa que muchos llaman la del posconflicto, pero que tras el desarme de las FARC padece hoy la confrontación de las palabras, en una campaña presidencial en la que los insultos y el juego sucio están por encima de las propuestas. “Tenemos en nuestras manos la mejor arma, la única, para ser escuchados y garantizar que Colombia siga cambiando para bien. Tenemos en nuestras manos el voto. Voten por ustedes y por sus hijos. Voten por los candidatos de su preferencia (…) necesitamos un país en el que nadie sea atacado por sus ideas. Y, lo más importante, que nadie —nunca más— use las armas para defender sus convicciones políticas”, es el llamado del presidente Santos.
Más allá de los temas de la paz, la agenda de este nuevo Congreso es también una de las más trascendentales de los últimos tiempos en Colombia en materia económica. Esos nuevos senadores y representantes a la Cámara tendrán en sus manos la responsabilidad de sacar adelante reformas institucionales de grueso calibre, como la de las pensiones, las necesarias mejoras a la prestación de los servicios de salud, la educación, la infraestructura, la misma reforma rural —otro punto en deuda con los acuerdos de paz— o una nueva reforma tributaria acorde a las angustias fiscales del Estado.
En la tarde-noche de hoy, a medida que se vayan conociendo los resultados, cada partido hará sus cálculos. Mientras tanto, los candidatos presidenciales harán las cuentas de sus aliados y sus bancadas. Y, de acuerdo a como se plantea el actual pulso político en el país, habrá que sumar y restar teniendo en perspectiva a quienes apoyaron el plebiscito refrendatorio de la paz del 2 de octubre de 2016 y los que estuvieron con el No, que al final fueron los ganadores. Es mucho entonces lo que está en juego y los ciudadanos tienen el poder del voto.