La explicación dada por las autoridades sobre el reciente ataque terrorista, mediante la explosión de un coche-bomba, al comando de Policía de San Lorenzo, como la represalia una red de narcotráfico conformada por disidentes de las FARC que operaría en la provincia fronteriza de Esmeraldas, corrobora la debilidad del Estado para enfrentar al crimen organizado transnacional.
En esta fragilidad confluyen varios aspectos: primero, la infiltración del narcotráfico llega a las más altas esferas. Esta es una realidad que no se puede desconocer porque la magnitud de la creciente actividad delictiva no podría darse sin tener altas complicidades.
Otro factor que estimuló el progreso de los negocios ilícitos fue la salida de los soldados estadounidenses de la Base de Manta (septiembre de 2009). Aquello dejó la impresión de que el Ecuador pasaba a ser un país sin interferencias para el narcotráfico. Y, las sospechas de financiamiento de campañas anteriores con fondos provenientes de esas actividades, no hacen más que confirmar las conjeturas.
La dolarización también contribuyó a hacer atractivo al Ecuador para realizar transacciones ilegales, porque facilita el lavado de activos. Todo lo anotado más la relativa impunidad en la aplicación de la ley que campea en la república, permite que personas, con el dinero suficiente para comprar jueces, puedan articular aquí verdaderos centros de operaciones.
Hoy por hoy, nuestro país está tomado de norte a sur. En todas las provincias costeras se manifiesta la presencia de submarinos para traficar droga y decenas pescadores son apresados a diario en Centroamérica por llevar droga. Asimismo, no son ajenos los hallazgos en toda la Sierra y en la región Amazónica. Es decir, el Ecuador está infiltrado a fondo.
Entre los efectos colaterales como el lavado de dinero, hay otras consecuencias graves como el consumo de drogas, incluso hay niños que consumen la mortífera H. Entonces, el problema es serio, aquí existe tráfico y consumo. En el país no existen amplias superficies de cultivos de coca como en Colombia, pero sí hay “lavado, secado y planchado”.
El esfuerzo que hay que hacer para contrarrestar a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado requiere un trabajo conjunto de gobernantes y gobernados, igual de los estamentos especializados en estos temas y de los que no tenemos que ver directamente con ellos.
En 2009, cuando presidí la Comisión que investigó el bombardeo colombiano al campamento que tenían las FARC en Angostura (Ecuador), operativo en el que fue dado de baja el segundo de esa guerrilla, alias “Raúl Reyes”, me permití realizar una declaración de prensa en la que advertía sobre el riesgo de que en el país se instale una “narcodemocracia”.
Eso lo dije, dada la magnitud de la infiltración de elementos vinculados al narcotráfico que, a lo largo de la investigación, habíamos notado en todos los estamentos nacionales. Era demasiado sospechoso comprobar que algunos vehículos que transportaban droga eran conducidos por oficiales de las fuerzas de seguridad. Por tanto era fácil deducir que esa dimensión de narcotráfico implicaba una amplia infiltración en todos los estamentos sociales.
No obstante, la advertencia pasó inadvertida dentro de las conclusiones generales del informe, documento que según el presidente de entonces lo había decepcionado. Lamentablemente todo coincidió con el cierre de la Base de Manta, por la decisión de no tener soldados extranjeros en nuestro territorio, que además fue un mandato de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Para colmo, los radares que debían detectar cualquier presencia extraña no funcionaban debidamente, como se comprobó tras la incursión colombiana. Posteriormente, la instalación de los nuevos aparatos demoró varios años, lo que en la práctica significó mantener cielos abiertos para el narcotráfico.
Según las autoridades, lo que acaba de ocurrir en San Lorenzo es consecuencia de la persecución de las fuerzas del orden a las bandas de narcotraficantes. En todo caso, el esfuerzo que hay que hacer para contrarrestarlos requiere un trabajo conjunto de gobernantes y gobernados, igual de los estamentos especializados en estos temas y de los que no tenemos que ver directamente con ellos. Porque es grave que la amenaza del narcoterrorismo quiera someter a la nación a sus arbitrios y caprichos.
Lo ocurrido en Colombia, donde al mismo tiempo que se detonaba el coche-bomba en San Lorenzo hubo tres explosiones sucesivas con saldo de varios muertos, hace pensar que es difícil prevenir los atentados terroristas y que se requiere de un alto grado de acción de la sociedad para estar alertas a fin de evitar que ocurran. Tampoco es fácil limpiar las esferas del Estado que han sido infiltradas en una atmósfera de corrupción generalizada que se practica desde los más altos niveles.
Desgraciadamente estamos frente a fenómenos y acciones complicadas. En Colombia, el general Rosso Serrano (famoso por haber desmantelado los tres grandes carteles de la droga que operaban en ese país en los años noventa), sacó de la fuerza 8.000 policías, sin embargo persistió la infiltración del narcotráfico.
Aquello nos indica que se trata de una lucha compleja que tiene que librarse en el ámbito continental. Una transnacional tan poderosa como es el narcotráfico tiene que ser combatida transnacionalmente. De ahí que en estos asuntos el Ecuador tiene que ser amigo principalmente de los Estados Unidos, así como de los otros países, para realizar acciones coordinadas. No tenemos alternativas de supervivencia.