El gobierno se muestra exultante por la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP) con Estados Unidos hasta el año 2020, sin embargo, aunque el mecanismo permite dinamizar nuestras exportaciones hacia ese mercado, no es suficiente para atraer grandes inversiones al Ecuador.
Habitualmente estos acuerdos son de carácter unilateral, es decir se trata de la concesión graciosa que realiza una nación desarrollada en favor de países menos avanzados, durante un tiempo determinado. La renovación del SGP deberá cumplirse dentro de tres años contados a partir de diciembre de 2017.
Asimismo, este tipo de acuerdos no comprenden todo el universo arancelario. Esto lo muestra el SGP al cubrir únicamente 300 subpartidas. Igualmente, están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos. Empero, lo más crítico, es que estos sistemas no fomentan la llegada de capitales foráneos, ya que ese tipo de inversión no se concreta al amparo de un acuerdo que caduca en poco tiempo.
He ahí las cuestiones de fondo que diferencian los sistemas de Preferencias Arancelarias, de los Tratados de Libre Comercio (TLC), instrumentos que incluyen la totalidad del universo arancelario, no tienen carácter unilateral sino bilateral y son permanentes. En consecuencia, suelen traer aparejada la inversión extranjera.
Una vez establecidas las distintas peculiaridades, el SGP no pasa de ser un acuerdo “parche”. En todo caso, de ninguna manera se puede desdeñar el beneficio de trescientas subpartidas que representan un ahorro cercano a los $100 millones en pago de aranceles.
Por supuesto, la renovación es provechosa especialmente para el sector exportador. Aunque cuesta entender los méritos que se atribuyen las autoridades nacionales, primero porque la medida es una merced otorgada por Estados Unidos; segundo, porque el equipo negociador no logró incluir nuevos productos dentro del Sistema.
El gobierno mereciera una gran ovación si hubiera conseguido incorporar otros productos de nuestra oferta exportable: camarón, brócoli, rosas, frutas, conservas en lata, té, café, medias de nylon, entre otros bienes que pagan aranceles para ingresar a EEUU. Esto, lamentablemente, no ha ocurrido.
Desde hace varias semanas, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, viene anunciando que el gobierno buscará alcanzar un Acuerdo Comercial con la potencia norteamericana. Un convenio de esa índole tiene costos y beneficios, estos últimos son positivos a mediano y largo plazo porque al comienzo algunos aspectos pueden parecer contraproducentes.
De todas maneras, la negociación es el marco idóneo para fijar los sectores que tendrán salvaguardias, para establecer los pasos de la desgravación arancelaria, para determinar exenciones, cupos, cuotas… como lo hicimos con la Unión Europea. Si el Ecuador logró firmar con ese bloque, no hay razones para no intentar con los Estados Unidos.
El efecto de mantener una posición cerrada es la pérdida de competitividad, lo cual no puede solucionarse con mecanismos artificiales como el draw back o el reparto de Certificados de Abono Tributario (CAD), como se prometió a los exportadores al perder el ATPDEA.
Un elemento esencial a tomar en cuenta es la resistencia del presidente Donald Trump a respaldar este tipo de acuerdos. Por ello hay que poner mucha atención a lo que sucede con el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), negociación que estos momentos se encuentra entrampada debido al empeño de EEUU en cambiar los términos del acuerdo con Canadá y México.
A estas alturas es imposible dar reversa a los acontecimientos, pero no está por demás señalar que el gobierno de Rafael Correa desaprovechó la ocasión de acordar con Estados Unidos. Por caprichos ideológicos se perdió el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga), un sistema más completo que el SGP, con mayor plazo y abarcaba un mayor número de subpartidas arancelarias. De ese modo el país quedó fuera de la negociación realizada por Colombia y Perú a través de un TLC más integral y permanente.
El propósito de explorar un Acuerdo Comercial con EEUU simboliza un giro de 180 grados con respecto a la posición anterior. Sin embargo, daría la impresión que el ministro Campana rema a contracorriente en un gabinete donde la canciller, María Fernanda Espinosa, maneja una retórica absolutamente distinta.
El solo anuncio, realizado por Campana, de que está en análisis una posible adhesión a la Alianza del Pacífico es otro motivo de desencuentro: la Cancillería ha expresado que el Ecuador no comparte ese tipo de acuerdos denominados de “regionalismo abierto”. Eso no es más que dar la espalda a las potencialidades que ofrece la cuenca del Pacífico a los países ribereños.
Para zanjar la bipolaridad, al presidente Lenín Moreno le corresponde unificar el criterio de la política comercial y definir un rumbo. Caso contrario volveremos a los tiempos en que Francisco Rivadeneira negociaba el Acuerdo con la Unión Europea, como ministro de Comercio Exterior, mientras el canciller, Kintto Lucas, declaraba que el Ecuador nunca lo firmaría por ser un “método de dominación capitalista”.
En las mesas de concertación, el sector exportador presentó el documento Política de Competitividad para el Sector Externo. Allí se plantea la necesidad de buscar un Acuerdo Comercial con EEUU, la Alianza del Pacífico, entre otros temas.
El efecto de mantener una posición cerrada es la pérdida de competitividad, lo cual no puede solucionarse con mecanismos artificiales como el draw back (el gobierno debe alrededor de $50 millones) o el reparto de Certificados de Abono Tributario (CAD), como se prometió a los exportadores al perder el ATPDEA. Esta clase de subsidios nunca funcionan, ya que a la vuelta de la esquina el gobierno no tiene plata para pagar.
Si el actual gobierno tiene la intención de impulsar un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, lo más lógico es fijar un derrotero para entrar en conversaciones serias que defiendan a nuestros sectores más sensibles. Todo eso es posible sentándose a la mesa de negociación.