La tercera pregunta de la consulta popular tiene la mira puesta en uno de los pilares de la Constitución vigente. Al contemplar la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y abrir la posibilidad de cesar a las actuales autoridades de control, el organismo bien puede ser considerado la “joya” del poder político en el país.
Un eventual triunfo del Sí en la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero, definirá una nueva composición del (CPCCS), cuyos integrantes transitorios evaluarán el desempeño de las autoridades designadas. En otras palabras, podrán removerlas de los cargos que hoy ocupan.
Aunque está llamado a ser el ente que representa a la ciudadanía, la conformación actual del organismo tiene origen político. Los consejeros son ex funcionarios o militantes del gobierno del expresidente Rafael Correa, o esposos y esposas de asambleístas del ala correísta del movimiento Alianza País.
Y, a pesar de que los siete consejeros fueron designados vía concurso de merecimientos y oposición, llegaron auspiciados por un formidable padrino político que daba órdenes a las instancias correspondientes sobre quiénes debían estar en los cargos y quiénes no. Pero los concursos solo fueron mascaradas porque, en la práctica, los nombramientos se hicieron “a dedo”.
Ahora, el presidente Lenín Moreno se dispone a reemplazarlos por otras personas cuyos nombres constarán en siete ternas que serán elaboradas por el Ejecutivo y luego enviadas a la Asamblea Nacional, comisionada para realizar las designaciones. Un esquema que igualmente incluye el “a dedo”, solo que esta vez no habrá concurso sino que el pueblo decidirá en las urnas si continúan los actuales miembros del organismo o se les envía de regreso a casa antes de finalizar el periodo para el que han sido nombrados.
Aunque había otra forma de relevarlos vía juicio político en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en ese terreno el resultado habría sido impredecible debido al toma y daca de las negociaciones políticas. Ante ese panorama, el presidente prefirió no arriesgar.
De triunfar el ‘Sí’ más de 100 autoridades designadas por el CPCCS, entre los que destacan el fiscal general del Estado, jueces nacionales, integrantes de los Consejos Nacional y Contencioso Electoral, superintendentes, contralor General del Estado, pueden ser cambiados. Muchos tuvieron una actitud genuflexa ante el expresidente Rafael Correa, aunque dos se han ido voluntariamente: el expresidente del Consejo Nacional Electoral y el excontralor, el primero por renuncia y el otro huyó por corrupción.
Así las cosas, posiblemente el llamado Consejo de transición tenga que esforzarse para no convertir el proceso en una cacería de brujas, pues la tentación estará allí sobre todo porque la pregunta tres de la consulta se vincula con la primera, referida a la muerte política de los funcionarios que hayan sido condenados por actos de corrupción. Obviamente, aquello estará sujeto a la negociación política.
Queda claro entonces que la pregunta sobre el CPCCS es el punto neurálgico de la consulta. El triunfo del ‘Sí’ se alzará como el corazón para los morenistas y, a la vez, se convertirá en el talón de Aquiles de los correístas. El expresidente Rafael Correa tiene claro que ahí está el meollo del asunto: la gente, “su” gente, que hoy detenta los cargos en los organismos de control y que debía durar hasta los años 2022 o 2023 estaría con un pie en el estribo.
Por eso el exgobernante y su séquito recorren el país convocando a votar ‘No’ en la tercera interrogante, a sabiendas de que la mayoría vota en plancha y esa negativa se repartiría en todas las preguntas. Es que en este tiempo a Correa le abandonaron los aliados, se esfumaron los amigos y un triunfo del ‘Si’ lo despojaría de todo.
Desde hace tiempo parece haberse vuelto costumbre cambiar la Constitución cada diez años. Ahora estamos ante un proceso parecido. ¿Cuán conveniente es realizar la consulta? A fin de cuentas se trata de una modificación constitucional y quizá fue lo más sano llamar al pueblo para que decida. Total se trata de tener una Carta Política que se ajuste al estilo del gobernante. Lo mismo, aunque con otro nombre y otro estilo.