La posibilidad de incluir en la Constitución la muerte civil de los corruptos y la no prescripción de los delitos es un gran avance en la lucha anticorrupción. Por esta vía el Estado podrá actuar con firmeza en los procesos de recuperación de los recursos mal habidos para reintegrarlos al patrimonio nacional.
Uno de los fundamentos principales de esta pregunta es que la corrupción se ha convertido en uno de los flagelos más grandes del mundo, en particular del Ecuador y de América Latina. Combatirla es vital a través de todos los mecanismos legales posibles.
El grado de corrupción al que ha llegado el país es espeluznante, confirmado en las propias en palabras del propio presidente Lenin Moreno. Por esta razón estoy seguro que la primera será una de las interrogantes con mayor respaldo en la consulta popular que se cumplirá el próximo 4 de febrero.