Muy aparte de que la canciller, María Fernanda Espinosa, desempeñó por un tiempo el mismo cargo durante el régimen de Rafael Correa, el actual, presidido por Lenín Moreno, no se diferencia del anterior en materia de política exterior.
El manejo del asilo político otorgado hace cinco años al hacker australiano Julian Assange y la actitud pasiva frente a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela permiten una lectura decepcionante. En estos temas el nuevo gobierno no se distingue del otro, aunque ha marcado diferencias en otros asuntos.
La conducta mostrada por Assange durante el tiempo que lleva viviendo en nuestra Embajada en Londres, constituye un caso atípico porque se ha dado el lujo de violar las normas del derecho de asilo. Y ambos gobiernos lo han tolerado.
Hace poco más de un año, el fundador de Wikileaks emitió, a través de su portal, miles de mensajes supuestamente robados por las agencias rusas para perjudicar la candidatura de la demócrata Hillary Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos. Cuando era tarde y el daño estaba hecho, el gobierno le llamó la atención y le restringió el acceso a Internet.
Pero el australiano volvió a lo mismo. Esta vez, apoya la causa independentista de Cataluña, motivo que lo llevó a reunirse hace pocos días con Oriol Soler, uno de los ideólogos del separatismo catalán, en la sede diplomática del Ecuador en Londres donde Assange parece el dueño y señor, pues actúa como si fuera el embajador.
El derecho de asilo es una institución de siglos que confiere un estado soberano a personas, o grupos de personas perseguidas por motivos políticos, de raza, de religión entre otros. En reciprocidad, el protegido debe acatar ciertas normas, entre ellas el compromiso de no opinar sobre asuntos políticos del país que procede ni del estado que lo acoge ni de otros países.
Desconcierta la posición del gobierno de Moreno frente a Venezuela. Más de un centenar de muertos a causa de la represión exigían una posición firme de Ecuador para que se cumpla la Carta Democrática de Jaime Roldós.
Assange recibió el amparo a pesar de no hallarse en situación de perseguido político. En todo caso, algún motivo habrá tenido el gobierno de Correa para concederle, pero hoy no existe justificación alguna para que continúe en nuestra Embajada, ya que su situación jurídica ha cambiado tanto en Suecia (donde fue acusado de violación) como en Estados Unidos (estaba acusado del robo y divulgación de cientos de miles de documentos reservados del Departamento de Estado).
Una vez superado el riesgo (si acaso lo hubo) la Cancillería debió haberle retirado el asilo, no obstante lo mantiene en la Embajada y permite que haga pedazos la imagen de nuestro país al vulnerar algo tan delicado como el derecho de asilo. De ahí que lo sucedido permite pensar que las actitudes de Assange no solo han sido toleradas sino expresamente autorizadas.
La toma de partido por el separatismo catalán por parte de nuestro huésped ha causado molestia en el gobierno español y así lo ha hecho saber a las autoridades nacionales, sin embargo la Cancillería no pone un alto al hacker, aún a pesar de que se anuncia una visita de Lenín Moreno a España para mediados del próximo diciembre.
Las relaciones internacionales no son un juego. Peor aún en un tema tan sensible para España, país con el cual hemos mantenido excelentes relaciones. ¿Acaso el gobierno no se ha enterado de la reacción a escala mundial contra una posible separación de Cataluña?
Si el Ecuador quiere ser respetado en el concierto internacional, no puede mantener un personaje que pasa de activista a bufón, en pleno territorio ecuatoriano en Londres. Assange puede opinar todo lo que quiera sobre Cataluña, pero fuera de nuestro territorio.
Retomando el tema de Venezuela, la posición del gobierno de Moreno desconcierta. Resulta comprensible que no podría pasar de una posición absolutamente solidaria con Hugo Chávez y Nicolás Maduro a colocarse en las antípodas; también hubiera sido mucho pedir que el Ecuador se incorpore al grupo conformado por Chile, México, Perú, Costa Rica, Argentina, Paraguay y otros que cuestionan la violación a los derechos humanos y la legalidad de la Asamblea Constituyente. No obstante, más de un centenar de muertos a causa de la represión exigían una posición firme de Ecuador para que se cumpla la Carta Democrática de Jaime Roldós.
Un 50% de miembros de la llamada Asamblea Constituyente que este momento es el principal órgano del gobierno de Maduro, fue elegido por voto directo; la otra mitad surgió del voto corporativo, propio del fascismo. Además, en un país donde el sufragio no es obligatorio, el oficialismo puso como señuelo para atraer a las mesas de votación el “carné de la patria” que permite a la gente acceder a un puñado de alimentos básicos. Lo que ocurre en Venezuela es terrible, pero nuestro servicio exterior ha optado por mirar para otro lado.